El gobierno de Donald Trump ordenó finalizar el ‘parole humanitario’ para unas 532,000 personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La medida establece que a partir del 24 de abril, los inmigrantes de estos países podrían enfrentar una deportación si no cuentan con un estatus legal. El abogado Raed González nos explica el impacto. Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

La medida, que entrará en vigor el 24 de abril, da por finalizado el estatus legal temporal concedido a miles de inmigrantes de estas nacionalidades durante el gobierno de Biden.

La junta escolar de Miami-Dade votó de forma unánime por una resolución simbólica en la que le piden al presidente Trump que desarrolle medidas de protección especial, para estudiantes venezolanos y haitianos con TPS.

Una segunda demanda en contra del fin del TPS para Haití y Venezuela va un paso más allá: pide la anulación completa de las decisiones anunciadas por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por considerarlas basadas en prejuicios raciales y no en un análisis real de las condiciones en ambos países.

De momento se desconoce qué tan rápido podrían ser deportados una vez que expiren sus protecciones.

Según un memorándum confirmado por la Casa Blanca, la administración Trump ordenó poner en una “pausa administrativa” a todos los beneficios y procesos migratorios solicitados por cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que ingresaron a EEUU a través del parole humanitario y el parole de reunificación familiar.