La batalla judicial continúa: una corte de apelaciones falla en contra de nueva regla de carga pública

Cuando el gobierno de Donald Trump pensaba que podía mantener vigente a nivel nacional la nueva regla de carga pública, que entre otras medidas condiciona la residencia legal permanente a inmigrantes de bajos recursos, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló este miércoles en contra de la norma que forma parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

En una decisión 2-1, el panel frenó los intentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por contener una demanda cuyo objetivo era obtener un dictamen preliminar para detener esta regla. En su decisión, los jueces dijeron que probablemente la nueva regla de carga pública no sea una “interpretación razonable” de la ley federal de inmigración.

El fallo confirmó las medidas cautelares preliminares contra la regla emitidas previamente por cortes de distrito de California y el Distrito de Columbia.

La regla, sin embargo, se encuentra vigente luego de que el pasado 20 de noviembre la Corte de Apelaciones del 7º Circuito anuló una sentencia emitida dos semanas antes que había bloqueado la regla a nivel nacional.

La sentencia de este miércoles solo abarca los estados que pertenecen al 7º Circuito, es decir: Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam y las Islas Marianas.

Un caso que puede llegar a la Corte Suprema

La nueva regla de carga pública fue anunciada el año pasado por el gobierno de Trump y entró en vigor el 24 de febrero, pero quedó en suspenso durante varios meses debido a fallos judiciales en contra.

Los críticos de la medida sostienen que la norma tiene un efecto "paralizante" y "nocivo" para los inmigrantes, sobre todo aquellos que pueden necesitar buscar ayuda médica para defenderse o curarse del covid-19. Esto porque el gobierno luego puede negarles beneficios legales disponibles, como por ejemplo la green card (tarjeta verde).

“Hoy, una corte federal de apelaciones en California anuló la regla de carga pública que el gobierno había impuesto como una prueba de riqueza a los nuevos inmigrantes”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. “La decisión se une a varios otros tribunales para derogar la nueva regla por violar interpretaciones de larga data de la ley de inmigración”, agregó.

Requisitos imposibles

La nueva regla indica que los inmigrantes que solicitan una tarjeta verde “deben demostrar que no es probable que se conviertan en una carga pública”, requisito que limita sobre todo a inmigrantes de bajos recursos que han solicitado asistencia del gobierno por un período de 12 meses en un lapso de 36 meses.

“Desde 1999 se ha requerido que los inmigrantes demuestren que no dependerán principalmente de ciertos programas de asistencia social en efectivo, pero la nueva regla que entró en vigor en febrero agregó ciertos beneficios no monetarios como los cupones de alimentos y Medicaid a la lista de beneficios públicos que pueden llevar a que alguien sea considerado una carga pública”, explicó Yale-Loehr.

“La nueva regla también eliminó el requisito de que alguien se vuelva principalmente dependiente de los beneficios. En cambio, los funcionarios de inmigración pueden considerar a alguien como una carga pública si usa cualquiera de esos beneficios durante 12 meses en los últimos tres años”, explicó.

El catedrático dijo, además, que “la regla de carga pública dificulta que la gente de clase trabajadora emigre o permanezca en los Estados Unidos, se trata de una prueba de riqueza que el gobierno entrante debería revertir”, apuntó.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de administrar la regla, no ha comentado sobre este asunto tras el dictamen.

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