Sigue la batalla legal: una corte de apelaciones deja viva la regla de carga pública de Trump

Dos semanas después de haber sido bloqueada por un juez de Illinois, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito anula la sentencia y permite que el gobierno la siga aplicando a nivel nacional.

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Dos semanas después de que una corte de distrito de Chicago (Illinois) suspendiera temporalmente la nueva regla de carga pública del gobierno de Donald Trump, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito anuló la sentencia y liberó la aplicación de la norma a nivel nacional.

El 2 de noviembre el juez Gary Feinerman, designado durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), rechazó la norma anunciada por primera vez en septiembre del año pasado y ordenó que su aplicación quedara en suspenso temporalmente mientras una demanda entablada por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR) seguía en curso.

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En la decisión, Feinerman dijo que la ley de carga pública viola el Acta de Procedimiento Administrativo (APA) y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se excedió en su autoridad bajo la ley de carga pública de inmigración.

De acuerdo con el dictamen, lo que ha hecho el gobierno no está acorde con la ley y la regla “es arbitraria y caprichosa”.

La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero.

La apelación

Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la sentencia ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, instancia que revirtió la decisión de Feinerman y determinó que los argumentos presentados por el gobierno eran válidos.

El panel resolvió el jueves que “otorgaba” la moción de los demandantes (el gobierno) y que el dictamen emitido por la corte de Illinois quedaba “pendiente” de resolución.

El tribunal de apelaciones dijo además que la suspensión del fallo de principios de noviembre permanecerá “a la espera” de la resolución que emita la Corte Suprema sobre el tema.

El panel señaló también que el gobierno deberá presentar un informe de situación dentro de los 10 días siguientes a la decisión.

De qué se trata

La regla final de carga pública, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona que solicita ingresar a Estados Unidos o el ajuste de su estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible” porque pueda convertirse en una carga pública.

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Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas U y T, asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes han señalado que la falta de información y la incertidumbre generada tras los primeros anuncios del gobierno, han tenido impacto en la comunidad. Denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización a futuro.