Desde Sonora, frontera entre Estados Unidos y México, Pedro Ultreras informa que las autoridades condales aseguran que es mejor utilizar el dinero de la construcción del muro en tecnología, más agentes u otro tipo de seguridad para así detener el paso de drogas ilícitas.

William Mejía, un hondureño que llegó a EEUU con su hija y se benefició por la política ‘catch and release’, asegura que muchos de sus compatriotas apenas están iniciando el viaje y no sabe qué pasará con ellos cuando intenten ingresar al país luego de que el presidente Trump le puso fin a la medida.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández aseguró que, si se elimina esta política, las madres y los niños indocumentados, sin importar la nacionalidad, tendrán que pasar por un proceso jurídico bajo detención y no se utilizará la acción de discreción procesas; es decir, ya no se podrá pasar por el proceso en libertad.

La Asistente Especial del Presidente explicó que las órdenes ejecutivas sobre el muro en la frontera y la limitación de las ciudades santuario buscan reforzar la seguridad. Dijo que el presidente Trump está cumpliendo sus promesas de campaña y que en todo el país se deben cumplir las leyes por igual.

Este miércoles el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la construcción del muro fronterizo. Pedro Ultreras, desde la fronteriza población de Sonora, California, nos explica que la medida tendría dificultades en su ejecución no solo por el alto costo sino porque en la zona hay una reserva indígena y llevar maquinaria al área montañosa acarrearía demoras y mayor inversión.

El abogado Ezequiel Hernández explica que las medidas anunciadas por Trump no tocan a los beneficiados por DACA, pero sí a quienes viven en las ciudades santuario porque se quedan sin los recursos federales y con menos posibilidades de proteger a los indocumentados.