La agencia independiente en Nueva York que investiga la conducta policial tiene atascados miles de casos y la pandemia no ha ayudado en este sentido, ya que los implicados no se están presentando a las entrevistas, ni tampoco se están activando canales virtuales para este fin. A esto se suma las trabas que ponen los sindicatos de la policía, los cuales siguen intentando que no se revelen los historiales de abusos de los uniformados, retrasando así cualquier indagación activa.

Un grupo de más de 15 jóvenes hacen parte de este grupo que partió desde Houston en la tarde de este miércoles. El objetivo del viaje es realizar una marcha y presionar al Congreso para que tome medidas certeras frente a las denuncias de acoso sexual al interior de las fuerzas armadas.

Este miércoles salió de Houston, Texas, una caravana con activistas y personas que exigen respuestas por el asesinato de la soldado en la base militar Fort Hood. Además de la marcha, está programada una reunión con el presidente Donald Trump y la presentación de un proyecto de ley contra los abusos y acosos en el Ejército.

Defensores de inmigrantes exigen al gobierno de Donald Trump que les permita a los menores de edad y sus familias presentar sus casos ante cortes de inmigración, y alegan que son muchos más de los que se cree los niños detenidos por ICE en hoteles de la frontera con México de forma ilegal.

De acuerdo con Lisseth Flores, vicealcaldesa de la ciudad, se completa más de un año de los supuestos actos de acoso del concejal Pedro Aceituno, que han arremetido contra su moral. Asimismo, la exalcaldesa Jennifer Rodríguez afirmó haber sido víctima de los hechos del funcionario. Por su parte, Aceituno negó a Noticias Univision 34 lo que calificó como “falsas acusaciones”.

Dos firmas de abogados alegan en la demanda la violación de la ley de fraude contra consumidores de Illinois. “La corrupción de esta compañía ha costado a las personas mucho dinero y por eso merecen ser compensados”, dijo el abogado Stephan Blandin. Cabe recordar que, ComEd deberá pagar 200 millones de dólares, luego de admitir que solicitó favores políticos para obtener beneficios en las leyes que regulan las tarifas de electricidad.