La construcción, considerado el segundo trabajo más peligroso de Nueva York, enfrenta una dura batalla para mantener la Ley 240, la cual protege a sus trabajadores, muchos de ellos inmigrantes indocumentados.

Un grupo de constructores en Nueva York que denunció que les robaron el salario de varias semanas de trabajo durante el invierno y la pandemia, por fin obtuvo justicia, pues la Fiscalía de Manhattan recuperó más de 112 mil dólares que se les debían.

Varios de los afectados señalan que la estadía que les brindaron en un hotel está llegando a su fin y las opciones que les están dando las organizaciones de la ciudad no les resulta ni viables ni favorables para ellos y sus familias.

La Comisión de la ciudad descartó una petición de familiares de víctimas del colapso que pedía que no se construyera un nuevo edificio en el lugar donde ocurrió la tragedia. El argumento, según los comisionados, es que no se puede trasladar el centro comunitario que reemplazaría una posible construcción en la zona cero del colapso, ya que se invirtió mucho dinero en el que ya está edificado.

El alcalde Hialeah, Carlos Hernández, dio a conocer este miércoles cuál es el plan que tiene la ciudad para distribuir unos 67 millones de dólares de ayuda del gobierno federal. El dinero proviene de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.

El paso del fenómeno meteorológico por esta ciudad generó pánico entre decenas de familias que, además, sufrieron daños en sus viviendas por los fuertes vientos que arrancaron de raíz varios árboles. Actualmente, muchas viviendas permanecen sin luz y la restauración de la misma podría tardar algunos días.