Cuatro presos políticos han fallecido bajo la custodia de los cuerpos de seguridad del chavismo desde 2015 y más de 100 denuncias de torturas fueron registradas en 2018 por las organizaciones no gubernamentales de DDHH en Venezuela, e investigadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El texto será presentado este viernes en Ginebra, Suiza, por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Uno de los datos que más ha llamado la atención tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales: las fuerzas de seguridad de Venezuela han sido responsables de la muerte de 6,856 personas desde 2018, en episodios que las autoridades calificaron de "resistencia a la autoridad".

Rufo Chacón salió a protestar junto a su madre y su hermano menor por la falta de gas doméstico, pero la respuesta de la policía fue brutal: recibió 52 perdigones en el rostro, por lo que sigue en un hospital, a la espera de otra cirugía y con su familia devastada.

El joven se encontraba entre decenas de personas que protestaban en Táchira por la falta de gas doméstico, cuando agentes respondieron con perdigones. La madre del muchacho suplica ayuda para su hijo, mientras el presidente interino Juan Guaidó llama a intensificar las movilizaciones el 5 de julio.

El oficial retirado estaba en custodia de la Dirección de Inteligencia Militar, fue capturado sin orden judicial siete días antes y desaparecido, según denunció su esposa. El capitán de corbeta era vinculado a un supuesto plan de golpe de Estado que había manifestado el régimen y por el cual fueron capturados cinco uniformados más. La muerte de Acosta ha generado una condena global, rechazo a las detenciones arbitrarias y la solicitud de una pronta explicación sobre lo sucedido.

Actualmente, existen en Cuba más de 500 organizaciones religiosas que no han logrado legalizar su estatus pues las autoridades les niegan los permisos para reunirse y practicar sus cultos. Tal es el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Ayda Expósito, quienes vivieron en carne propia la represión al ser condenados a dos años de prisión por educar a sus hijos en casa.