Robert Redondo, de 7 años, padecía de leucemia y necesitaba de manera urgente un trasplante de médula ósea para seguir con vida, pero el menor falleció a la espera del procedimiento. El régimen culpó al presidente interino Juan Guaidó y a EEUU por la muerte del pequeño. Nicolás Maduro alegó tener los fondos bloqueados debido a las sanciones, por lo cual supuestamente no se pudo hacer la operación. Paradójicamente anunció una millonaria inversión en el sector militar.

Managua estuvo parcialmente paralizada tras la convocatoria al cese de actividades por parte de la opositora Alianza Cívica. El sector bancario se vio forzado a abrir sus puertas al público tras la advertencia del superintendente de Bancos de sanciones en caso de sumarse a la huelga como en ocasiones anteriores. Previo a la jornada, el régimen dio a conocer su programa para consolidar la paz y estabilidad, donde incluyen auditorias fiscales hasta para medios de comunicación.

Poder surtir de combustible un vehículo en muchas regiones del país suramericano se ha convertido en toda una hazaña. Decenas de conductores pasan noches esperando por gasolina y hacen filas de varios kilómetros. Esta problemática ya está afectando otros sectores como el de la educación ya que los estudiantes no pueden asistir a clases porque no tienen cómo movilizarse.

La televisión pública alega que al transmitirlo traicionaría la confianza de los padres de familia. El episodio de la discordia de la popular serie de dibujos animados para niños ya fue transmitido en otros estados.

A un año de haberse mantenido en el poder tras unas elecciones presidenciales calificadas de fraude por la oposición y no reconocidas por 60 países, el gobernante Nicolás Maduro dio a conocer la medida como supuesta salida a la crisis que vive Venezuela. Por otro lado, la Asamblea Constituyente chavista, paralela a la Asamblea Nacional, anunció la extensión de su mandato hasta el 31 de diciembre de 2020.

Jan-Albert Hootsen, representante de México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que es muy difícil identificar los actores que están atentando contra los reporteros en ese país, debido a que en muchos lugares funcionarios estatales estarían colaborando con la delincuencia organizada. También advierte que las cifras revelan un aumento en la violencia contra los periodistas.