El programa de auxilio cuenta con un fondo estatal de más de 2,000 millones de dólares y quienes deseen aplicar deberán demostrar, ya sea con recibos o contratos, que han tenido al menos una deuda por alquiler desde marzo de 2020. El beneficio también estará disponible para personas indocumentadas y el dinero asignado será entregado directamente a los caseros.

Luego de que el gobernador Andrew Cuomo anunciara que a partir del miércoles las personas completamente inmunizadas contra el coronavirus podrán dejar de utilizar las máscaras, muchos de los habitantes de la Gran Manzana aseguraron que continuarán haciendo uso de este artículo, ya que creen que no es momento de bajar la guardia. Por su parte, las autoridades en Nueva Jersey pidieron a la población cubrirse la boca en espacios cerrados.

Aquellas familias de California que tienen hijos y ciertos límites de ingresos podrían calificar para este Crédito Tributario por Hijo. Quienes ya presentaron sus impuestos debieran esperar sus pagos mensuales a partir de julio de este año.

Quienes laboran en este tipo de establecimientos aseguran sentir que existe “poca coordinación” entre lo que dice el gobierno federal y lo que informan las autoridades de California frente a la omisión del porte de máscaras en ciertos lugares para personas completamente vacunadas. Mientras algunos estudian si implementan la medida, la supervisora del condado, Hilda Solís, ha pedido mantener las mascarillas puestas, al menos, hasta el 15 de junio.

Muchas familias han perdido a uno o varios de sus integrantes a causa del coronavirus y para solicitar el dinero que les pertenecía tuvieron que someterse a largos procesos que se pudieron haber evitado. La oficina del contralor de Nueva York recomienda que para estos trámites lo ideal es dejar en vida un testamento y las autorizaciones correspondientes ante las instituciones bancarias.

Legisladores electos se han unido para apoyar y solicitar la aprobación de la iniciativa enfocada en suprimir los cobros que se imponen para poner fin a encarcelamientos y embargos por deudas. Activistas han calificado estas multas como una medida “abusiva que hace más difícil la situación”. Agregan que los cargos obligatorios por incumplimiento de fechas solo logran que este proceso afecte en mayor porcentaje a los menos favorecidos.