Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron la semana pasada un convenio que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.

El republicano Lindsey Graham, considerado uno de los legisladores más fieles del presidente, presentó a los miembros del panel la iniciativa denominada 'Ley de Seguridad y Protección de 2019', que tiene como objetivo "cerrar" las lagunas legales que impiden a Trump arrestar y deportar prontamente a migrantes que piden asilo, principalmente menores de edad.

La administración contempla dejar de proveer traductores a los solicitantes de asilo que acuden por primera vez a los tribunales de inmigración. La medida pretende reemplazarlos por ayuda telefónica y videos de orientación. Defensores de los inmigrantes dicen que esta noticia es devastadora.

El Comité Judicial del Senado aprobó enviar al pleno un proyecto de ley que le daría al presidente mayores poderes para negar asilos en la frontera, arrestar por más tiempo a migrantes que piden asilo y acelerar las deportaciones. Sin embargo, es difícil que salga adelante al no contar con los votos necesarios.

Juristas guatemaltecos advierten que el convenio firmado por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos no ha sido ratificado por el Congreso del país centroamericano y además podría afectar los derechos de las personas que deseen acogerse al estatus de refugiados.

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que el nuevo plan afectará severamente el derecho de los inmigrantes a pelear legalmente su permanencia en EEUU "al dañar el debido proceso".