Los largos tiempos de espera hasta sus fechas de corte están haciendo que las personas bajo el Protocolo de Protección de Migrantes se desesperen y tomen una decisión radical: regresar a sus países a pesar de la larga travesía que los llevó desde Honduras, Guatemala y El Salvador hasta la frontera. En los albergues les están facilitando el trámite con ayuda de empresas de transporte y de la ONU, que recibe dinero de Estados Unidos para apoyar los retornos.
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Wilfredo Allen es uno de los abogados de inmigración de mayor experencia en los Estados Unidos y comenta que si es devuelto a Cuba, su cliente va a ser perseguido.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) cree que el gobierno los está castigando por criticar su política migratoria y denunciar los ataques al debido proceso y solicita un esfuerzo bipartidista para evitar las injerencias políticas.

Más de 23,000 personas han apoyado la causa en la página Change.org. El hombre llegó al aeropuerto de Miami el pasado viernes escondido en una zona de equipajes de un avión procedente de La Habana.

El programa es implementado en Tapachula, Chiapas, y los beneficiados también pueden trabajar en el arreglo de las estancias migratorias donde se alojan. En algunos lugares ya se evidencian aparatos para hacer ejercicio y juegos para los niños, los cuales fueron instalados por los indocumentados. Para activistas como Andrés Torres Cheka, México ha pasado de ser un país de tránsito a una nación receptora de migrantes.

En el 2017, Stephen Miller, conocido por ser el arquitecto de las políticas migratorias de la Casa Blanca, lideró la iniciativa, pero la Corte Suprema dictaminó que cualquier niño que esté en EEUU tiene derecho a la educación sin importar su estatus migratorio. Analistas políticos aseguran que las decisiones del presidente tienen como fin restringir la migración e intimidar a los indocumentados.