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Durante Obama hubo crisis migratoria en la frontera, pero con Trump las trabas al asilo han desatado una emergencia

Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, Donald Trump ha lanzado una larga lista de ataques a la política de asilo con el propósito de impedir que lleguen migrantes a la frontera en busca de asilo y negárselos si tienen la suerte de llegar y entregarse a la Patrulla Fronteriza.
3 Ago 2019 – 8:10 AM EDT

La crisis migratoria que se vive en la frontera con México no es nueva. Comenzó en 2014 durante el gobierno de Barack Obama; pero entonces pedir asilo era menos complicado, ya que los procedimientos se apegaban a la normativa internacional. Y aunque no había garantías de ganar un caso, como ocurre ahora, Donald Trump ha puesto tantas trabas que hoy en día conseguir la protección del gobierno de Estados Unidos se ha vuelto una tarea casi imposible.

Todos los cambios que ha experimentado la política de asilo desde que Trump llegó a la Casa Blanca se deben a que el presidente está gobernando por decreto en este ámbito, apelando a memorandos y acciones ejecutivas, y sin un solo respaldo por parte del Congreso.

La lista de cambios a la política de asilo crece a medida que el gobierno apura el paso con la implementación de su política de ‘tolerancia cero’. La última regla entró en vigor el lunes, cuando el fiscal general, William Barr, cambió una decisión de la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA) de 2018 para estipular que los familiares inmediatos de una víctima de violencia no califican para pedir asilo en Estados Unidos porque no pertenecen a un ‘grupo social particular’ para los fines de obtener amparo, de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

Revisiones “a fondo”

“En el gobierno de Obama (2009-2017) la gente se entregaba, pedía asilo, pasaba la entrevista de miedo creíble y el caso era trasladado a una corte de inmigración para que un juez decidiera”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Ahora la persona debe probar que fue víctima de persecución, por qué huyó y que en el futuro tiene miedo de ser perseguido. El gobierno elevó el estándar de miedo creíble a niveles que antes no se habían visto”, agregó.

“Ponen mayor preocupación a la evidencia que a la historia. Y no ha cambiado la ley, es la misma que antes, no han cambiado las causas, siguen siendo las cinco que conocemos. Lo que hay que entender es que ahora se verifica minuciosamente la evidencia y la historia que la persona presenta al momento de pedir asilo”, puntualiza Guerrero.

La lista de trabas

Los cambios a la política de asilo comenzaron el 27 de enero de 2017 cuando el mandatario firmó una orden ejecutiva para prohibir el ingreso de ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana.

De ahí en adelante el gobierno lanzó una fuerte ofensiva que fue cambiando el escenario, no con el fin de modernizar el sistema, sino para negar un beneficio legal disponible y reducirlo al máximo, no importando si en este afán se daña o debilita el debido proceso.

“Hay una lista de cambios que no existían durante Obama y que han dificultado, no solo el llegar a la frontera, sino ejercer el derecho de pedir asilo y recibir la protección para las personas que huyen de sus países de origen”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

Entre las trabas, Hernández menciona:

  • Implementación del Programa de Protección a Migrantes (MPP). Regresan a México a inmigrantes que piden asilo en la frontera a esperar hasta que los jueces de inmigración resuelvan sus casos. Las esperas pueden demorar meses, incluso años.
  • Tercer País Seguro. El MPP convirtió automáticamente a México en un Tercer País Seguro, es decir, puede recibir migrantes de cualquier nacionalidad para que esperen las resoluciones de sus casos de asilo presentados en Estados Unidos. Guatemala también se ha convertido en Tercer País Seguro tras amenazas del gobierno de Trump de imponer un impuesto a las remesas y aranceles a la importación de productos provenientes de ese país centroamericano.
  • Colas en la frontera. Desde comienzos de 2018 el gobierno de Trump estableció un sistema de números en los puertos de entrada. Los migrantes deben hacer una cola para recibir un turno con el que podrán hablar con un agente de asilo. Cada día se entrega un número limitado de turnos por lo que las esperas pueden demorar entre tres y seis meses, incluso más. Una vez obtenido un número, el migrante debe esperar en una segunda cola hasta ser llamado, demora que puede tardar semanas o meses.
  • Sistema de cuotas. En 2018 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, impuso una cuota de 700 casos al año para cada juez. La aceleración de procesos “daña el debido proceso”, asegura la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), porque obliga a los jueces a resolver casos sin considerar todas las opciones legales de que dispone un inmigrante para pelear su permanencia en Estados Unidos.
  • Separaciones forzadas. Entre el 5 de mayo y el 26 de junio del año pasado, el gobierno de Trump presentó cargos criminales a personas que entraban indocumentadas al país (una falta de carácter civil) para separar forzosamente a las familias. Si bien la estrategia fue frenada por una corte federal, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó esta semana al gobierno argumentando que las separaciones en la frontera continúan.
  • Atasco en las cortes. De los casi 700,000 casos acumulados en las cortes de inmigración en enero de 2017, la cifra se elevó a cerca de 900,000, sin contar unos 350,000 casos de deportación cerrados administrativamente en los últimos 20 años y que fueron reabiertos el año pasado por el gobierno de Trump.

“Cada vez vemos más impedimentos que no existían durante el gobierno anterior”, dijo Hernández.

Las más difíciles

“La traba más limitante es la de exigir que los inmigrantes que llegan a la frontera pidan asilo en un tercer país antes de pedir el asilo en el nuestro”, dice Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años trabajó como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.

Una segunda traba mencionada por Sánchez es aquella que impide que los inmigrantes que entran a Estados Unidos ilegalmente puedan pedir asilo. “Tienen que entregarse y pedir asilo en los puertos de entrada”.

En cuanto al uso del Tercer País Seguro, Sánchez advirtió que “existe una ley que prohíbe permanentemente que una persona que haya estado firmemente reasentada en un tercer país reciba la protección de asilo en Estados Unidos. La ley se conoce como the firm resettlement bar y esta ha sido parte de la ley de refugiados de Estados Unidos desde la década de 1940”.

En 1971, agregó, “la Corte Suprema determinó que, aunque el reasentamiento de empresas no era un impedimento legal, era uno de los factores que el INS (servicio de inmigración) debía tomar en cuenta cuando un refugiado solicitaba asilo en este país”.

“En 1980, este concepto se incorpora en las regulaciones de leyes de refugiados, pero no de asilo”, indica. “En 1990, el fiscal general modificó el reglamento y amplió el impedimento legal de reasentamiento a los casos de asilo. Finalmente, en la reforma de leyes de 1996, (IIRIRA) se codifica el impedimento y su aplicación a la ley de asilo político. Como resultado, en virtud del INA 208(b)(A)(vi), un solicitante no es elegible para el asilo si estaba 'firmemente reasentado en otro país antes de llegar a los Estados Unidos'”, señaló.

Sistema bajo “agresión”

La totalidad de las nuevas reglas adoptadas por el gobierno han creado, además, un clima desfavorable que afecta la discrecionalidad de los agentes que intervienen en el proceso de asilo.

“Estamos viendo más cinismo, no solo en los agentes federales, sino también en las cortes de inmigración y los jueces”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

Barrón dice además que “también es probable que el asilo ahora tarde años, mucho tiempo, y bajo Trump se está haciendo todo lo posible para que la gente no venga a pedir asilo. Y si lo pide, a menos que tenga pruebas irrefutables, el gobierno está haciendo todo lo posible para que la gente pierda sus casos”.

“Ahora hay mucha agresión en contra del beneficio del asilo. Esto porque el gobierno ha considerado que los migrantes están abusando del sistema”.

El abuso mencionado por Barrón es una de las principales armas de ataque blandidas por Trump al sistema de asilo. El presidente ha pedido en varias ocasiones al Congreso que cambie la ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano (que impide la deportación acelerada de menores y exige que sea un juez quien decida sus futuros en el país) y elimine un acuerdo judicial de 1997 (Flores versus Meese) que impide al gobierno privar de libertad a menores en centros federales por más de 20 días.

Tanto demócratas como republicanos han dicho que no harán los cambios demandados por Trump hasta que la Casa Blanca ofrezca garantías de resguardar los derechos de los migrantes, sobre todo menores de edad, que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.

Estas son las principates acciones implementadas por el gobierno de Trump para establecer trabas al proceso de asilo:

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