Se calcula que la tarifa de este proceso judicial aumentará un 900%, por lo que la abogada de inmigración Noemí Ramírez cree que se trata de una manera de desanimar a las personas a hacerlo y más si se encuentran detenidas. La especialista también mencionó las llamadas citas "fantasmas" que se están registrando en los casos de deportación y las condiciones de la nueva regla de carga pública, aclarando que ésta aún no entran en vigencia.

Joseph Villela, director de políticas de Chirla, explica que el estado debe desarrollar iniciativas para abrirle la puerta a la población inmigrante. En ese sentido, indicó que hay dos propuestas en la legislatura para ponerle un alto a los centros de detención. Una de ellas quiere que se investiguen a fondo las muertes de migrantes en estos lugares, mientras la segunda pretende lograr que en California no haya más establecimientos de ese tipo.