La abogada Lizbeth Mateo y el senador Kevin de León explican cómo el Departamento de Justicia está tratando de limitar las protecciones de la ley SB54 para forzar a California y a las agencias locales a dar información sobre inmigrantes liberados de cárceles estatales, entre otros datos.

El consejero académico Sergio Belloso asegura que en California existe la ley AB540, que es “la que permite que estudiantes puedan calificar para el Dream Act”. Agrega que esta medida tiene varios requisitos, que incluyen haber permanecido en el estado por al menos tres años y haber completado un nivel académico específico, entre otros.

La asambleísta demócrata Blanca Rubio ha presentado varias propuestas de ley para tratar de detener este flagelo y aseguró que han realizado audiencias en diferentes partes del estado para tocar este tema. Rubio también habló sobre proyectos que buscan apoyar a los dreamers.

El mandatario presentó el pasado martes su informe de gobierno y habló de frenar la migración ilegal, seguir construyendo el muro fronterizo y terminar con las ciudades santuario. “El presidente desde el principio fue muy claro y ha hecho su marca en hacer cumplir la ley de inmigración”, asegura el abogado Nelson Castillo.

Un equipo especial de trabajo de la Universidad de California recomendó que el sistema de universidades públicas mantenga estos exámenes como parte del proceso de admisión, pero grupos de activistas alegan que esto pone en desventaja a estudiantes que vienen de minorías y bajos ingresos. La consejera Stephanie Guzmán asegura que esto “afecta a nuestras comunidades directamente”.

René Christian Moya, director ejecutivo de Housing Is A Human Right, explica en qué consistía el proyecto de ley SB50 que fue rechazado por el Senado. Asegura que había muchas organizaciones que estaban apoyando la iniciativa, pero que a la vez se vio mucha oposición por parte de grupos de sindicatos de inquilinos y sociales.