Aseguran que esta práctica es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. Con ese argumento, abogados de la Unión por las Libertades Civiles, a través de una carta, le han solicitado a la municipalidad de Chicago que elimine la ordenanza que lo prohíbe. La iniciativa es parte de una campaña nacional que abarca 240 ciudades, muchas de las cuales ya recibieron la misiva. La Corte Suprema ya ha fallado en contra de ordenanzas de este tipo en 2015.

La manifestación fue realizada por decenas de habitantes de Albany Park, vecindario en el cual se ha incrementado la inseguridad. Los participantes aseguraron que la marcha es con el fin de crear conciencia sobre la violencia que se vive en ese sector y pedir más seguridad por parte de las autoridades. Se prevé que este vecindario reciba 30 uniformados más en septiembre.

La cajera mexicana fue arrestada en una tienda de Pilsen, Chicago, durante un operativo de la policía de la ciudad y agentes federales. Los manifestantes piden una investigación por parte del Ayuntamiento de Chicago ante la participación de la policía local en el suceso. El Departamento de Policía de la ciudad confirmó su participación en el operativo.

Esta caravana recorre varias ciudades del país. Además, los activistas demandan residencia permanente para todos los beneficiarios de este programa.

Decenas de manifestantes marcharon por las calles de Tucson exigiendo que el alguacil del condado de Pima los retire de las prisiones. La presencia de los agentes en las cárceles se debe a un acuerdo entre las agencias locales del orden público e inmigración, el cual otorga fondos federales. Esta práctica retiene indocumentados en las cárceles hasta que son entregados a ICE.

El gobernador de Illinois dice que el proyecto de ley limitaría la asistencia del estado con ICE, lo cual no considera correcto y por ende vetará las medidas. Como consecuencia, los inmigrantes indocumentados se quedarán sin la protección contra las redadas de ICE en los edificios públicos. Tampoco podrían contar con la ayuda para inquilinos acosados por su estatus migratorio, entre otros. Activistas proinmigrantes han rechazado la medida.