Redadas de ICE preocupan a congresistas demócratas y piden a Obama cambio de política
Un grupo de congresistas demócrata volvió a refutar la política migratoria del presidente Barack Obama para detener la oleada migratoria de niños centroamericanos en la frontera con México.
“Asustar con rumores de redadas no es una política eficaz para detener la llegada de niños no acompañados y adultos indocumentados provenientes principalmente del Triangulo Norte”, dijo la oficina del legislador Luis Gutiérrez (Illinois).
El congresista agregó que “Estados Unidos debe adoptar un enfoque más agresivo para solucionar el problema y trabajar con sus aliados en el hemisferio para abordar los factores que están impulsando la migración al norte”.
Ola de redadas
La segunda semana de mayo se conoció que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) alistaba una nueva tanda de redadas similar a la ejecutada en enero en Carolina del Norte, Georgia y Texas. El blanco de los arrestos fueron migrantes centroamericanos que llegaron al país después del 1 de enero de 2014 y recibieron una orden de deportación.
Gutiérrez, junto a las representantes Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren, ambas de California, le pidieron a Obama en mayo que detenga su política en la frontera y permita que los centroamericanos que piden asilo reciban la protección del gobierno.
Tres semanas después y al no tener respuesta de la Casa Blanca ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), la oficina de Gutiérrez dijo a Univision Noticias que el grupo de legisladores mantiene la presión, y señaló que algunos deportados se enfrentan “al peligro y la muerte”.
Los mismos riesgos fueron los que motivaron la huida con destino al norte de miles de migrantes en los últimos tres años.
Entre octubre y marzo del año fiscal 2016 la Patrulla Fronteriza arrestó a 32,952 niños no acompañados en la frontera con México.
Respuesta oficial
La oficina de inmigración a cargo de las redadas dijo a Univision Noticias que la agencia mantiene en curso operaciones “en consonancia con nuestras prioridades de deportación” establecidas el 20 de noviembre de 2014.
La lista incluye, además de indocumentados con antecedentes criminales, a migrantes que entraron después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) debe hacer cumplir la ley en consonancia con nuestras prioridades”, agregó la dependencia. “Las prioridades de control anunciadas en 2014 incluyen la eliminación de criminales convictos y otros que constituyen una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional, así como aquellos que han cruzado recientemente la frontera”.
El gobierno también reiteró que las actuales operaciones “son una continuación de las ejecutadas en enero” y que fueron anunciadas por el jefe de la seguridad nacional Jeh Johnson. Y añadió que las redadas “seguirán”.
Población vulnerable
“Estoy en contra de esta política. Las mujeres con sus hijos y los niños no acompañados no deben ser una prioridad para el DHS”, dijo a Univision Noticias Bárbara Hines, Senior Fellow del Emerson Collective en Texas. “Estos migrantes vienen huyendo y buscan en Estados Unidos refugio de la violencia tan marcada y extensa en Centroamérica”.
Hines dijo además que, una vez detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando tratan de ingresar al país, “la mayoría de esta población migrante no puede acceder a servicios legales pro bono”, y que otros “han sido representados por abogados incompetentes” que los hicieron perder sus casos de asilo y recibir una orden de deportación.
“En vez de gastar miles de dólares en cárceles para
familias centroamericanas y más dinero para redadas y deportaciones, el gobierno podría dirigir esos recursos a abogados para esta población refugiada”, recomendó Hines. “La solución al problema es dedicar recursos y políticas coherentes para resolver la crisis en Centroamérica, la violencia, las maras y la falta de protección institucional. La crisis está en el Triángulo Norte no acá, en Estados Unidos”.
“Mala señal”
Roybal-Allard, Lofgren y Gutiérrez reiteraron que los objetivos de expulsión del gobierno de Obama debían ser criminales y no las familias que piden asilo.
También señalaron que, al igual como sucedió en enero, la Administración no ha respondido a las preocupaciones, silencio que tildaron de “una muy mala señal de que el gobierno de Obama no nos ha escuchado”.
El grupo ha dicho que la violencia que azota a los países de Centroamérica es “incontrolable”, y que mientras ésta siga el flujo migratorio no se detendrá.
Miles de órdenes giradas
En mayo Univision Noticias reportó que entre el 18 de julio de 2014 y el 26 de abril de 2016 las cortes de inmigración emitieron 31,994 órdenes de deportación relacionadas con menores migrantes solos y acompañados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.
Un reporte de la Oficina Ejecutiva dio cuenta además que la Oficina Ejecutiva de Examen de casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) recibió en ese período de tiempo 108,115 casos, de ellos ha completado 51,723 (equivalente al 47.8%) y tiene pendientes de resolver 59,239 (52.2%).
En enero el grupo Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reveló que, en promedio, el 86% de los menores solos y acompañados que se presentaron ante un juez de inmigración lo hicieron sin la representación de un abogado.
Debido proceso en duda
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), dijo que más del 93% de los casos donde no hay una representación legal adecuada los jueces emiten una orden de deportación.
AILA también ha denunciado que agentes de ICE “están proporcionando información incorrecta a las personas detenidas y que son puestas en libertad con fianza o con brazalete. No les están informando adecuadamente dónde se tienen que presentar, cuándo, dónde deben esperar el citatorio de la corte de inmigración y cómo tienen que hacerlo”.
“Salen en libertad y no saben que tienen un año para presentar la solicitud de asilo”, apuntó Nieblas. “Voluntarios han pedido que les den la posibilidad de hablar con ellas para decirles cómo prepararse, dónde se tienen que presentar. No les están dando ese derecho”.
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