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Jueces objetan reglamento que elimina el ‘cierre administrativo’ de casos de inmigración

La nueva regla, publicada a finales de agosto, quita a los jueces una valiosa herramienta y elimina la posibilidad de reabrir un caso o revisar las transcripciones de una decisión para corregir errores y revertir una decisión negativa.
28 Sep 2020 – 03:28 PM EDT
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Los cambios propuestos por el gobierno de Estados Unidos al cierre administrativo de casos migratorios “disminuyen” la capacidad del tribunal, afectan la neutralidad y “aumentan la politización del proceso de adjudicación de un caso”, advirtieron los jueces de inmigración en un documento donde expresaron sus comentarios al nuevo reglamento publicado por el gobierno a finales de agosto en el registro federal.

En el documento, fechado el viernes de la semana pasada –el último día para el envío de comentarios públicos–, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) recordó al gobierno que son ellos quienes “deben administrar sus expedientes y tomar decisiones basadas únicamente en la ley y los hechos de los casos ante ellos”.

Estas disposiciones del gobierno, agregaron, "continúan un patrón perturbador”. También advirtieron que, de ponerse en vigor los cambios, “pueden socavar la percepción pública de la equidad esencial para cualquier sistema judicial”.

La regla

El pasado 26 de agosto, el fiscal general, William Barr, publicó en el registro federal (diario oficial) una propuesta de reglamentación titulada “Procedimientos de Apelación y Firmeza en los Procedimientos de Cierre Administrativo de inmigración", orden que había sido dictada inicialmente en mayo de 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito dejó sin efecto la orden de Sessions, determinando que tanto los jueces de inmigración como la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) “tienen la autoridad de cerrar administrativamente los casos pendientes ante ellos”.

Once meses después del dictamen y bajo el argumento de que los jueces han abusado de la autoridad que poseen para cerrar administrativamente casos de inmigración, el gobierno anunció un nuevo reglamento que no solo elimina esta autoridad, sino también la de reabrir casos y revisar la transcripción de sus decisiones para corregir errores.

La regla otorgó un plazo de 30 días para el comentario público que venció el viernes de la semana pasada.

Qué dicen los jueces

Sobre el cierre administrativo, los jueces de inmigración indican que esta “ha sido una herramienta importante para administrar de manera justa los expedientes” y que “la gestión eficiente y justa de un expediente está en el corazón de la responsabilidad ante las partes y ante la corte”.

“El cierre administrativo permite que los casos se mantengan en suspensión sin el uso innecesario del tiempo y los recursos del tribunal cuando los asuntos preliminares deben completarse para que el caso esté listo para una mayor adjudicación”, indican. "Este problema es de suma importancia para nosotros, ya que esto facilitará la reducción de la enorme acumulación de casos en nuestros tribunales asegurando, al mismo tiempo, que el debido proceso no se vea comprometido”, agregaron.


La NAIJ alega, además, que “todos los tribunales requieren alguna herramienta de gestión de casos mediante la cual los procedimientos pueden quedar en suspenso o colocados en un expediente inactivo a la espera de la acción de una de las partes” involucradas durante un proceso.

Y que en la compleja interacción entre el juez de inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y en algunas ocasiones tribunales estatales y otras autoridades "a menudo el juez de inmigración no puede completar el caso hasta que se tome alguna acción sobre la cual el tribunal no tenga control directo”.

El reglamento propuesto por el gobierno, reiteran, elimina esta herramienta que garantiza un juicio justo.

Algunos ejemplos

Ejemplos citados por los jueces para defender la permanencia del poder dictaminar un cierre administrativo:


  • Cierre de un caso de un Menor No Acompañado (UAC) cuando su solicitud de asilo está pendiente ante USCIS.
  • Cierre administrativo de un caso de un menor que solicita protección bajo el amparo del Programa Inmigrante Especial (SIJ) ante un tribunal estatal.
  • Cierre administrativo de un caso con una solicitud de visa U para lo cual USCIS ha determinado que el extranjero es elegible ‘prima facie’ (a primera vista).
  • Cierre administrativo de un asunto en el que se ha presentado una petición de visa para un familiar inmediato por el cual un extranjero parece elegible ‘prima facie’.

Los jueces advirtieron que la eliminación de la herramienta de cierre administrativo elimina partes clave del debido proceso, como por ejemplo el recurso, incluso ante el Distrito Federal de Apelaciones.
En los alegatos, la NAIJ también enfatizó que muchas veces durante un juicio se presentan situaciones ajenas que no estaban contempladas en la sala del tribunal en las que "los jueces pueden entonces usar su autoridad bajo su propia voluntad para reabrir el caso", otra herramienta que desaparecerá si el gobierno activa la nueva regla.

"Simplemente no se pueden predecir las muchas formas en las que algo puede salir claramente mal, de modo que la reapertura o la reconsideración administrativa es la única manera práctica de corregir un error o prevenir un error judicial", subrayan los magistrados.

"No hay evidencias"

En los alegatos, la NAIJ menciona los argumentos del gobierno y señala que, de hecho, “no hay base para apoyar ninguna afirmación de que los jueces de inmigración hayan abusado de la autoridad para cerrar administrativamente los casos”.

La herramienta del cierre administrativo, en cambio, “estableció un marco analítico reflexivo, claro, transparente y completo”, dándole a los inmigrantes sujetos a proceso un juicio justo, explicaron.

"Al tomar una decisión en una solicitud de cierre administrativo, el juez de inmigración debe establecer el fundamento de su decisión y abordar los factores específicos establecidos por la Junta (de Apelaciones de Inmigración o BIA)", precisaron. Y, si alguna de las partes no está satisfecha con la decisión, "puede buscar una apelación interlocutoria ante la BIA que luego llevará a cabo una revisión independiente de la decisión del juez”.

“Puede haber muchos aspectos del sistema de tribunales de inmigración que podrían beneficiarse de una revisión y reforma, pero esto, la eliminación de la herramienta, no es uno de ellos”, apuntaron. “El marco actual funcionó bien y debería restaurarse en lugar de eliminado a nivel nacional”, acotaron.

Instancia de condena

A finales de agosto, poco después de publicada la nueva regla en el registro federal, abogados consultados por Univision Noticias cuestionaron la norma y señalaron que su implementación tendrá un impacto negativo en el debido proceso migratorio.

En resumen, la propuesta enmienda regulaciones emitidas por Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) con respecto al manejo de las apelaciones, otorgándole al director de la Corte de Inmigración “poderes extraordinarios de adjudicación” sobre ellas y lo autorizándolo a revertir fallos.

“Y otra serie de modificaciones que dañan el debido proceso”, dijo Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y durante más de 15 años ejerció como Fiscal de Inmigración del DOJ. “Todas las noticias son malas con esta propuesta”, añadió. E indicó que, de ser aprobada la norma final, “reformaría los procesos la junta de apelaciones (BIA) y eliminaría las garantías del debido proceso con el objetivo de acelerar las deportaciones; o sea deportaciones a chorro” (cohete).

La nueva iniciativa otorga, asimismo, al director de la Corte de Inmigración “un poder extraordinario de adjudicación sobre las apelaciones y lo autoriza a revertir, por sí solo, las decisiones de la BIA si lo solicita un juez de inmigración”, explica la abogada.

“El resultado de esta propuesta de regulación, que tiene 88 páginas, es deprimente. Le concede amplios poderes a un burócrata, a un político seleccionado por el gobierno le coloca entre sus manos poder e independencia para tomar decisiones rápidas, vertiginosas, en sacrificio del debido proceso”, añadió.


Los abogados precisaron que el nuevo reglamento, además de desmantelar el proceso de apelaciones, restringirá formalmente cuándo los jueces de inmigración y los miembros de BIA pueden pausar temporalmente procedimientos de menor prioridad. Es decir, que los jueces utilicen su poder para ordenar el cierre administrativo de un caso, algo que en 2018 intentó Sessions, pero las cortes lo rechazaron.

La nueva regla también pone estrictos límites de tiempo sobre la duración de las apelaciones en los tribunales de inmigración decididos por la BIA, acorta los plazos de presentación y limita la capacidad de los miembros de esa junta de apelaciones para revisar nueva evidencia en un proceso de apelación o audiencia para reabrir un caso.

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