Estos son los inmigrantes que no se verán afectados si usan beneficios públicos
La regla final de Carga Pública anunciada por el gobierno de Donald Trump este lunes entrará en vigor a mediados de octubre, 60 días después de ser publicada en el Registro Federal.
La norma establece un nuevo protocolo para determinar a qué extranjero el gobierno le aprobará o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente, y una extensión de visa, y para ello tendrá en cuenta si existe o no la amenaza de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
También otorga más poder a los agentes de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para decidir la prórroga de una estadía y, en caso de una respuesta negativa, enviar al extranjero una Notificación de Comparecencia para que se presente ante una corte de inmigración donde deberá batallar para no ser deportado de Estados Unidos.
“Esta regla final incluye un requisito: que los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”, precisa.
En cuanto a las solicitudes de visa o cambio de estatus presentadas antes de la publicación de la nueva regla, el gobierno dijo que “no se verán afectadas, solamente aquellas que sean recibidas a los 60 días después de su publicación”, es decir en el momento en que la regla entre en vigor.
Ni ciudadanos ni asilados
La regla final “no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. “Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”.
Tampoco afectará a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”, indica la regla final. En esta lista se incluyen asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, indica la norma.
También incluye una serie de disposiciones especiales sobre cómo el DHS considerará el recibo de beneficios públicos de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, hijos adoptivos, y recepción de Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días después de dar a luz, se lee en las descripciones del reglamento.
También habrá algunas excepciones “para ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno escolar”, añade.
La USCIS dijo que “los extranjeros que pueden calificar para estas exenciones deben estudiar la regla cuidadosamente”. Abogados Consultados por Univision Noticias dijeron que “a partir de ahora y antes de iniciar un trámite de cambio de estatus o una extensión de visa, los inmigrantes legales que tengan duda deben buscar consejo legal para evitar problemas y que les nieguen el trámite”.
La regla final indica además que corresponde solo al DHS “considerar los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero” al momento de autorizar o aprobar una solicitud de cambio de estatus u prórroga de visa.
Los programas que sí se afectan
- Prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI),
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF),
- Asistencia de Nutrición Suplementaria Programa (SNAP)
- La mayoría de las formas de Medicaid,
- Sección asistencia 8 viviendas en el Programa de Vales de Elección de vivienda,
- Sección 8 basado en un proyecto de Asistencia de Alquiler
- ´Vivienda pública subvencionada.
Los exentos
Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les afectará la nueva regla de carga pública y que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso:
- Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecusión por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
- Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
- Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
- Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.
- Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
- Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
- Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
- Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
- Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
- No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
- No-inmigramtes víctimas de crimenes que pìden la visa U.
- Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
- Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.
Beneficios no mencionados
"Beneficios públicos no mencionados en la regla no serán considerados en la determinación de carga pública", explicó Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro Inmigración Las Nuevas Reglas. "Por ejemplo, asistencia médica de emergencia, ayuda humanitaria, programas de almuerzo escolar nacional, acogimiento y adopción, Head Start, o préstamos estudiantiles o préstamos hipotecarios no son considerados.", indicó.
Agregó que por el lado de Medicaid, la regla indica que DHS no tomará en cuenta los siguientes beneficios de Medicaid:
- Servicios recibidos por causa del tratamiento de una "condición médica de emergencia";
- Servicios o beneficios proporcionados en relación con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad (Individuals with disabilities Education Act);
- Ciertos servicios o beneficios escolares proporcionados a menores de edad,
- Servicios otorgados a menores de 21 años, y,
- Ciertos beneficios otorgados a mujeres embarazadas.
"Esta regla también prohíbe que ciertos no inmigrantes (e.g. visas de turista, negocio, trabajo etc.) puedan extender su status o cambiar su status en los Estados Unidos si han recibido algunos de los beneficios listados", indicó.
Motivos de inadmisibilidad
La USCIS también dijo que el DHS “está revisando su interpretación de carga pública para incorporar la consideración de dichos beneficios, y para garantizar de mejor manera que los extranjeros estén sujetos a carga pública y que los motivos de inadmisibilidad son autosuficientes. Es decir, no dependen de los recursos públicos para cumplir sus necesidades, sino que dependen de sus propias capacidades, así como de los recursos de miembros de su familia, patrocinadores y organizaciones privadas”.
Añade que la regla final “redefine el término carga pública para referirse a un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses en total dentro de cualquier período de 36 meses”.
En el caso que un extranjero reciba dos beneficios públicos en un mes, el gobierno lo tomará como dos meses en el proceso de determinación para aprobar o rechazar una solicitud de cambio de estatus o de visa, advierte la USCIS.
Discrecionalidad extrema
El gobierno también advierte que el DHS “interpretará los factores legales mínimos para determinar si, en opinión del agente o funcionario que decide un caso, determina que es probable que el extranjero en cualquier momento pueda convertirse en una carga pública”.
La regla final contiene una lista de factores positivos y negativos que el DHS considerará al momento de tomar una determinación, añade.
Entre esos factores se incluye edad del extranjero. “El DHS generalmente consideraría un factor negativo si el inmigrante es menor de 18 años o mayor de 61 años, y un factor positivo si el
el extranjero tiene entre 18 y 61 años. Estos factores positivos o negativos funcionan como pautas para ayudar al agente a determinar si es probable que el extranjero se convierta en algún momento en una carga pública”, indica la regla final.
Otro factor para considerar será si un estudiante de tiempo completo y está autorizado para trabajar legalmente en el país, o su historial laboral, y una “razonable perspectiva de empleo en el futuro”.
La agencia dijo que sólo se basará en el mayor número de circunstancias negativas para determinar una “inadmisibilidad de carga pública”, y aseguró que “la determinación final de inadmisibilidad de la carga pública se basará en la totalidad de las circunstancias presentadas por el extranjero en una petición de ajuste de estatus y cambio de visa”, por ejemplo, por medio del Formulario I-485, cuando se pide la residencia legal permanente” o green card.
