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Critican al gobierno por la cancelación del programa que ofrece asistencia legal a inmigrantes

La decisión de detener el programa para someterlo a revisión se suma a varias otras medidas tomadas en los últimos meses por el Departamento de Justicia como parte de la dura política antinmigrante de Donald Trump.
13 Abr 2018 – 12:36 PM EDT
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La cancelación de un programa para darle asistencia legal a extranjeros en proceso de deportación generó reacciones de rechazo de activistas de la comunidad inmigrante en EEUU.

El martes el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que detendrá a partir del 30 de abril el Programa de Orientación Legal (LOP) mientras lleva a cabo una auditoría para determinar el costo-efectividad del plan, creado en 2003 durante el primer gobierno de George W. Bush.

Funcionarios del DOJ comunicaron la decisión del gobierno de Donald Trump al Instituto de Justicia Vera, que administra el programa.

El año pasado el LOP ofreció asistencia a unos 50,000 inmigrantes en más de una docena de estados, entre ellos California y Texas, donde se concentra un alto número de casos en las cortes de inmigración.

Qué dijo el Instituto Vera

Tras conocer la decisión del gobierno de cancelar temporalmente el programa de asistencia, el Instituto de Justicia Vera lamentó el anuncio y dijo que el LOP “atiende a más de 50,000 personas por año en 38 grandes centros de detención, y garantiza que todos los inmigrantes detenidos reciban la información esencial que necesitan para navegar nuestro complejo sistema legal”.

La entidad agregó que LOP "les permite a los participantes representarse a sí mismos si tienen un reclamo válido según la ley existente o determinar que su mejor opción es aceptar la deportación”.

La decisión de detener el programa se suma a varias otras medidas tomadas en los últimos meses por el departamento de justicia como parte de la dura política antinmigrante de Trump.

Entre ellas destaca una que impone a los jueces de inmigración cuotas de casos por resolver para acelerar las deportaciones, otra que busca revertir fallos de jueces que han frenado unos 200,000 casos de deportación y una tercera que puso bajo investigación miles de ciudadanías por naturalización para revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal.

Los afectados

El Instituto Vera indicó que el LOP “es un salvavidas para muchos inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y titulares de residencias legales permanentes, algunos de los cuales luchan por sus vidas”, y que de otro modo, “no conocerían los derechos que tienen o las probabilidades que enfrentan” para luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

“El LOP salva vidas todos los días”, añade. “Si este programa no está en funcionamiento, pone en riesgo la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades e infringe el derecho de todas las personas a ser informadas antes de tomar decisiones sobre sus reclamos legales”.

Desde que fue activado en 2003, el LOP ha “tenido efectos incuestionablemente positivos” en los procesos ante las cortes de inmigración, apunta el Instituto Vera, y advierte que su cancelación sería “irresponsable”.

También recuerda que un estudio de 2012 del DOJ concluyó que el trabajo hecho por el programa “es una forma rentable y eficiente de promover el debido proceso y eliminar la gran cantidad de casos atrasados, el problema más importante que enfrentan los tribunales de inmigración en la actualidad”.

“Sorpresa fea”

La decisión del gobierno de suspender el programa tomó por “sorpresa” a los jueces de inmigración. “No habíamos escuchado nada anteriormente sobre la cancelación. Nos enteramos por la prensa”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

“Se trató de una sorpresa fea para nosotros. Los servicios del Programa de Orientación Legal son sumamente importantes, un apoyo para los jueces. La ley nos dice que tenemos que obedecer y educar a la gente respecto si ellos tienen un remedio dentro del debido proceso migratorio”, explicó.

“Y que las personas utilicen esos recursos para defender sus derechos” en Estados Unidos, añadió.

Marks también dijo que dentro de un tribunal “es difícil que la persona reciba una asesoría legal. Eso toma mucho tiempo, es difícil y la gente está nerviosa. La ayuda es mucho más eficaz cuando se puede hablar con un abogado fuera de la corte, porque las personas se sienten más cómodas y pueden preguntar qué pueden hacer con sus casos”.

“Incluso este programa permite, aún cuando los individuos no tienen remedio dentro de la ley, acepten los dictámenes del tribunal de una manera más fácil porque entienden el proceso”, apuntó.

Cortes congestionadas

A finales de enero las Cortes de Inmigración tenían acumulados más de 700,000 casos, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York.

El fiscal general Jeff Sessions ha ordenado a las cortes acelerar los procesos y fijado cuotas a los jueces como una forma de descongestionar los tribunales y al mismo tiempo acelerar las deportaciones, una de las promesas de campaña de Trump junto con la construcción del muro en la frontera con México.

El Instituto Vera también le recuerda al DOJ que el mismo estudio de 2012 Encontró que el programa “creó un ahorro neto para el gobierno de casi $18 millones, lo que significa que cada $1 que el gobierno gastó en LOP ahorró $4”.

“Esta es la razón por la que LOP ha tenido un fuerte apoyo en el Congreso, que mantuvo su financiación total en el año fiscal 2018”, precisó.

El instituto indicó además que, a pesar de la decisión del gobierno, “sigue comprometida con brindar servicios legales críticos a las comunidades de inmigrantes y sus familias” y proseguirá su trabajo de “garantizar que todas las personas tengan derecho a la justicia”.

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