El gobierno ordena "tolerancia cero" con la entrada de indocumentados por la frontera con México, pero no especifica medidas concretas

Jeff Sessions asegura que "ingresar ilegalmente a este país no será recompensado, sino que se enfrentarán con todos los poderes procesales del Departamento de Justicia" de Estados Unidos. Sin embargo, la orden no incluye ninguna medida específica.
6 Abr 2018 – 3:35 PM EDT

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció este viernes una nueva política dirigida a detener la inmigración indocumentada por un tramo de la frontera suroeste de Estados Unidos con México, uno de los puntos de mayor tráfico por el que centroamericanos en los últimos cuatro años llegarón al país en busca de asilo. Sin embargo, esta orden no incluye medidas concretas para ejecutarla.

El Departamento de Justicia (DOJ) dijo, en un comunicado, que Sessions “ notificó a todas las Fiscalías de Estados Unidos” a lo largo de la frontera suroeste de una nueva " política de tolerancia cero” con delitos menores, que prohíbe tanto el intento de entrada indocumentada como el ingreso ilegal a Estados Unidos por parte de un extranjero.

La medida se anuncia tras dos semanas de duros ataques por parte del presidente Donald Trump a una caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirige al centro de México. Algunos de los miembros del grupo han manifestado la intención de proseguir viaje a la frontera en busca de asilo, tras huir de sus países debido a la violencia y la pobreza.

Trump ha utilizado la marcha de inmigrantes para impulsar su política migratoria que tiene como objetivo construir un muro a todo lo largo de la frontera con México, deportar a los 11 millones de indocumentados y reducir la inmigración legal aq la mitad en un plazo de 10 años, entre otras políticas.


El origen de la caravana

La caravana surgió en 2010 para crear conciencia sobre los problemas de inseguridad y violencia que aquejan a los países del denominado Triángulo del Norte (El salvador, Guatemala y Honduras), y los peligros que enfrentan miles de inmigrantes en su travesía por México cuando huyen de sus países en dirección al norte para pedir asilo.

El DOJ justifica la medida haciendo referiendas a reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que señalan un aumento del 203% de los cruces fronterizos entre marzo de 2017 y marzo de 2018, y de un 37% entre febrero del 2017 y febrero de este año.

" La situación en nuestra frontera suroeste es inaceptable. El Congreso no ha aprobado una legislación eficaz que sirva al interés nacional, que cierra las lagunas peligrosas y financia por completo un muro a lo largo de nuestra frontera sur”, se lee en un comunicado.

“Como resultado –agrega– ha surgido una crisis en nuestra frontera suroeste que necesita un esfuerzo intensificado para enjuiciar a quienes eligen cruzar ilegalmente nuestra frontera”, dijo Sessions.


La ley de 2008

La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés) prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera, y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, esta ley " limita la capacidad de DHS para devolver inmediatamente los niños no acompañados que han sido detenidos en la frontera y crea lagunas (jurídicas) adicionales”.

La TVPRA fue aprobada por el Congreso para prevenir el tráfico humano, pero ahora el gobierno de Trump asegura que su vigencia permite que los niños “sean víctimas de trata de personas, independientemente de donde provengan, al no poder ser devueltos a sus países de origen de manera segura y pronta”.

Una de las nuevas exigencias de la administración incluye revisar la visa de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ), destinada a jóvenes inmigrantes solos que llegan a la frontera en busca de asilo y no tienen familiares que los reciban en sus países de origen o en Estados Unidos.


Derecho en riesgo

La nueva política migratoria anunciada por Sessions podría dificultar que menores de edad, con o sin compañía, y que huyen en busca refugio en Estados Unidos, tengan la oportunidad de solicitar asilo y que sus casos sean atendidos por las cortes de inmigración.

“Tal vez esto sea una más de las declaraciones que hace el gobierno de Trump sabiendo ellos que están violando los derechos civiles o las garantías constitucionales que tienen las personas de solicitar protección en la frontera y saben bien que los van a demandar”, dijo Lilia Velázquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

“El problema es que, quizás ellos lo sepan muy bien, los tribunales escuchen y reviertan la orden, pero para cuando ocurra el daño ya estará hecho. Las personas detenidas y expulsadas en la frontera y a las que no les dieron la oportunidad de pedir asilo, quedarán expuestas a más peligros”, agregó.


Competencia del Congreso

Velásquez dijo además que “ el gobierno no puede enmendar la ley de asilo político”, una competencia exclusiva del Congreso. “Si la persona se presenta en la frontera o en un puerto de entrada y pide asilo, tiene garantías constitucionales que lo protegen que le permiten ser escuchado, y el agente fronterizo que lo recibe debe establecer que existe o no miedo creíble”.

La abogada recordó que en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya fue demandada el año pasado “porque los agentes le estaban diciendo a los inmigrantes que venían en busca de ayuda que se había acabado el asilo”.

“Ese derecho no se los puede quitar nadie. Y si lo hacen de mala fe, entonces las cortes tendrán que determinar que el fiscal general está violando la ley. Eso sería una pena muy grande”, apuntó.

El 25 de enero de 2017 Trump decretó que la inmigración indocumentada constituía una amenaza a la seguridad nacional y pública, un acto que hasta ese momento era considerado una ofensa de carácter civil no criminal.

"A aquellos que desean desafiar el compromiso del gobierno de Trump con la seguridad pública, la seguridad nacional y el estado de derecho, les advierto que ingresar ilegalmente a este país no será recompensado, sino que se enfrentarán con todos los poderes procesales del DOJ”, indicó Sessions este viernes.

La política de tolerancia cero abarca el Distrito Sur de California, Distrito de Arizona, Distrito de Nuevo México, Distrito Oeste de Texas y Distrito Sur de Texas.

En fotos: La vida entre dos muros, la franja que solo habita la Patrulla Fronteriza en California

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