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Deportaciones

Fallo de corte de Texas pone freno a prioridades de deportación de Biden

El pasado 19 de agosto un juez federal del Sur de Texas, en Victoria, ordenó suspender la aplicación de dos memorandos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que establecieron las prioridades de deportación del gobierno enfocadas solo en aquellos inmigrantes que cometen delitos graves. Por ahora todos están en riesgo de ser arrestados y expulsados.
27 Ago 2021 – 11:16 AM EDT
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El pasado 19 de agosto un juez federal de distrito del Sur de Texas, en Victoria (nombrado por el expresidente Donald Trump), ordenó suspender la aplicación de dos memorandos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que establecieron las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, enfocadas en aquellos inmigrantes que cometen delitos graves.

El fallo fue en respuesta a una demanda interpuesta por los estados de Texas y Louisiana (gobernados por republicanos), quienes argumentaron que la política que regula la actuación de los agentes federales de inmigración “viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA)”.

“Esta orden preliminar es dada a nivel nacional y prohíbe la ejecución e implementación, en cualquier lugar donde el gobierno tenga jurisdicción para implementar los memorandos del 20 de enero de 2021 y del 18 de febrero de 2021”, dictó el juez Drew Tripon, el mismo que detuvo la moratoria de deportaciones de 100 días de Biden anunciada el 20 de enero, cuanto tomó posesión del cargo.

La orden de Tripton

En la conclusión del fallo del 19 de agosto, Tripton indicó que los estados demandantes habían demostrado “que existe una probabilidad sustancial” de que partes de los memorandos instruyen a los funcionarios del Poder Ejecutivo a actuar “de manera contraria” a lo que establece la ley de inmigración.

Y que los demandantes, además, demostraron “una probabilidad sustancial de que la política relativa a la detención de ciertos extranjeros establecida en los Memorandos es arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)”.

Para hacer un cambio a una política el Ejecutivo primero debe publicar un aviso en el Registro Federal, pedir comentarios del público, tomar en cuenta esos comentarios e incluirlos en la regla final, proceso que puede demorar varios meses.

“Los Memorandos no cumplen con el aviso de la APA y el requisito de comentario”, escribió el juez.

Error frecuente

El argumento utilizado por Texas y Louisiana no es nuevo. Los republicanos lo emplearon en 2015 para bloquear la ampliación del programa DACA en el 2015 y la implementación de DAPA, un programa similar que frenaba temporalmente la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de residentes y ciudadanos estadounidenses. Y durante el gobierno de Trump los demócratas lo emplearon para detener una serie de medidas que formaron parte de la política de tolerancia cero, entre ellas la cancelación de DACA y de varios programas de Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Es algo difícil de explicar, pero no el error, sino el por qué el gobierno sigue cometiendo la misma falta todo el tiempo”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Esto sucede con bastante frecuencia, que no publican primero los cambios y/o normas en el Registro Federal y pidan comentario público. Ha sucedido tantas veces, que uno dice: qué esta pasando, por qué el gobierno no se percata que debe seguir los procedimientos legales administrativos y recibir comentarios. Y una vez los reciba, los tome en cuenta y después queda aprobado. Es así de simple”, añade.

Velásquez pregunta: ¿qué tanto puede tomar para que el gobierno aprenda que se tiene que seguir el reglamento? Ella misma responde: “Es una situación que da pena. Mis dicen que es tan fácil, que no saben por qué no lo hacen, cuál es la razón de no cumplir con las reglas de la APA”.
prosa.

“Si las reglas existen es porque se tienen que seguir. Y mientras no lo hagan, como ahora en el caso de Biden, su política migratoria está comprometida. Y lo seguirá estando hasta que hagan las cosas tal y como lo dicta la ley”, precisó.

Los plazos de Tripton

El error demandado por Texas y Louisiana llevó a Tripton a ordenar una medida cautelar de suspensión de los memorandos del DHS que normal las prioridades de deportación.

El juez dijo además que la orden tiene jurisdicción a nivel nacional y “permanecerá en vigor a la espera de una resolución final” o hasta que se emita “una nueva orden de este Tribunal,
la Corte de Apelaciones del 5to Circuito o la Corte Suprema”.

Para asegurar el cumplimiento del fallo, la corte pide además:


  • Que a más tardar el 3 de septiembre de 2021, el Gobierno deberá presentar ante la Corte la norma que está cumpliendo con respecto a la detención de extranjeros cubiertos bajo la Ley de Inmigración y de conformidad con la orden del 19 de agosto. La información debe indicar y especificar qué guías, protocolos o estándares controlan la detención de estos extranjeros a la luz del hecho de que se han ordenado frenar los memorandos de enero y febrero;
  • A partir de septiembre de 2021 el Gobierno debe presentar ante la Corte el el quinto día de cada mes, un informe que indique el número de extranjeros procesados y que fueron puestos en libertad durante el mes anterior, y que ICE no los detuvo inmediatamente después de su liberación.
  • El tribunal también requirió al gobierno que proporcione la última residencia conocida del extranjero o dirección y el delito por el cual el extranjero había sido encarcelado.

· Además, para cada extranjero no detenido, el Gobierno deberá explicar la razón por la cual el extranjero no fue detenido y la persona que tomó esa determinación específica.

Implicaciones del fallo

Un reciente informe del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), advierte que “las restricciones en ese memorando limitaban la capacidad de los oficiales de inmigración no solo para sacar a los extranjeros que no eran una prioridad, sino incluso para detenerlos e interrogarlos”.

Añade que “esto significa que ICE está obligado a arrestar y retener a casi todos los extranjeros criminales removibles cuando son liberados del confinamiento criminal, no solo a aquellos que han sido condenados por delitos graves”, tal como condenas por drogas, delitos de violencia doméstica y delitos que involucran depravación moral.

La sección 241(a) de la INA requiere que ICE arreste a todos los extranjeros dentro de los 90 días posteriores a la emisión de sus órdenes de deportación, y que los detenga en espera de la deportación. Para los extranjeros criminales, la liberación está incluso restringida: "en ninguna circunstancia durante el período de deportación [DHS] liberará a un extranjero que haya sido declarado" inadmisible o deportable por motivos penales, indica.

En la orden emitida por Tripton, al hacer referencia a lo que determina la INA, estipuló que el DHS “deberá”.

La palabra operativa en ambos estatutos a los efectos de la última orden del juez Tipton es "deberá".

“Eso significa que los agentes de ICE tienen que arrestar y detener a esos extranjeros, y que la Administración Biden no puede evitar que lo hagan, como se intentó en los memorandos de Pekoske, del 20 de enero, y Tae Johnson del 18 de febrero”, precisó el CIS.

Choque de posturas

La semana pasada, durante una audiencia en la corte de Triton, los abogados del gobierno urgieron a la corte para que acelerara la decisión final en el caso de la demanda de Texas y Louisiana para acudir de inmediato a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito y pedir la anulación de la sentencia preliminar del 19 de agosto.

Pero según un reporte de Politico, el juez federal Tripton arremetió contra los abogados del Departamento de Justicia, acusándolos de intentar apresurarlo a tomar una decisión clave en el caso.

El juez fustigó a los abogados del gobierno por declarar que planeaban buscar ayuda de emergencia de un tribunal de apelaciones antes de las 2 pm de ese día si no se pronunciaba para entonces sobre una solicitud de suspensión de la orden que anuló los memorandos que estipularon las prioridades de deportación del gobierno.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha señalado que el Congreso no ha asignado fondos suficientes para detener a todos los inmigrantes con los tipos de antecedentes penales mencionados en el estatuto referido por Tripton.

Texas y Louisiana, por su parte, alegan que la Administración Biden no está usando todo el espacio para camas disponible que tiene, indicó Politico.

Mientras la batalla prosigue en Texas, el DOJ persistirá en su apelación ante el 5to Circuito, el mismo tribunal que la semana pasada respaldó la decisión de un juez de Amarillo (Texas) que ordenó la restitución del Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’.

El fallo fue avalado por la Corte Suprema de Justicia el martes en una votación 6-3, en respuesta a un recurso de emergencia de suspensión presentado por el gobierno.


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