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Inmigrantes indocumentados

Juez bloquea orden de Biden que limitó las prioridades de deportación de ICE

Un juez de distrito de Texas bloqueó una orden emitida en febrero por el presidente Joe Biden, que limitó las prioridades de arresto y deportación de la Oficina de Inmigración e Aduanas (ICE). El gobierno había ordenado que solo los extranjeros con delitos graves fueran una prioridad de expulsión para la agencia.
19 Ago 2021 – 04:13 PM EDT
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Funcionario de ICE durante un arresto en California. Crédito: Gregory Bull/AP

Un juez de distrito de Texas bloqueó una orden emitida en enero y otra en febrero por el presidente Joe Biden, que limitó las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración e Aduanas (ICE).

Las reglas, que forman parte de la nueva política migratoria del gobierno, se limitaban a darle prioridad a los extranjeros que cometen delitos graves.

El juez Drew Tipton falló que la política viola los mandatos del Congreso, y que era probable que los estados de Louisiana y Texas, que demandaron la orden, tuvieran éxito en su afirmación de que la política “viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA)”.

“Esta orden preliminar esta dada a nivel nacional y prohíbe la ejecución e implementación, en cualquier lugar donde el gobierno tengas jurisdicción para implementar los memorandos del 20 de enero de 2021 y del 18 de febrero de 2021”, dictó el juez.

La demanda

En abril los fiscales generales de Texas y Louisiana, ambos republicanos, demandaron al gobierno de Biden por haber cambiado parte de la política migratoria que modificó las prioridades de deportación que había estipulado el expresidente Donald Trump el 25 de enero de 2017.

Los fiscales alegaron que los funcionarios federales de inmigración ya no buscaban la custodia y deportación de la mayoría de los extranjeros que están terminando sus sentencias de cárcel por cargos criminales.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció en abril que el estado sureño estaba acusando al gobierno de Biden de "poner en peligro a los tejanos" al negarse a ordenar la detención migratoria automática de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos penales.

“La rotunda negativa del presidente Biden a hacer cumplir la ley está exacerbando una crisis fronteriza sin precedentes”, dijo Paxton.

“Al no tomar la custodia de los delincuentes extranjeros y no dar ninguna explicación por este imprudente cambio de política, la Administración está demostrando un descarado desprecio por la seguridad de los tejanos y estadounidenses”, indicó.

“Derrota para el gobierno”

Tras el fallo, abogados indicaron que la decisión del juez Tripton constituye un duro golpe para el gobierno de Biden.

“Es una derrota para el gobierno actual ya que la decisión es a nivel nacional”, dice José Guerrero, un abogado de inmigracion que ejerce en Miami (Florida).

“El gobierno debe detener inmigrantes con record criminal que estén sujetos a su detención bajo la ley de inmigración sin importar los memorándums del 20 de enero y 18 de febrero de este año”, indicó.

Guerrero dijo además que “inmigrantes con un récord criminal, que esté pendiente en corte o que ya fue convicto, deben buscar asesoría legal lo antes posible para saber sus opciones y recursos legales disponibles y defender sus permanencias en Estados Unidos.”

Prioridades de deportación

De acuerdo con el memorando del 20 de enero, las nuevas prioridades de deportación fijadas por Biden son:

Las prioridades de deportación de Trump:

El memorando de febrero

El 18 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un memorando indicando cuáles son las nuevas guías temporales para las prioridades de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las tres categorías que priorizará la agencia a la hora de remover inmigrantes son:


  • Si hay una potencial amenaza a la seguridad nacional;
  • Si el inmigrante fue aprehendido después de noviembre de 2020 cruzando ilegalmente la frontera; y
  • Si el 'no ciudadano' es potencial peligro para la sociedad.

El departamento explicó además:

  • La primera, respecto a la seguridad nacional: el 'no ciudadano' detenido será prioridad de deportación si tuvo participación en algún tipo de actividad relacionada con el espionaje o el terrorismo. "O si la aplicación de la puesta en custodia de esa persona es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos", explicó uno de los funcionarios, quien añadió que para determinar si una persona es una "amenaza a la seguridad nacional" se le pedirá a los agentes que determinen tal afirmación.
  • La segunda categoría, relacionada a la seguridad en la frontera y la protección de las instituciones: si el 'no ciudadano' fue aprehendido cruzando la frontera o en un puerto de entrada intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos luego del 1 de noviembre del 2020 o si no estuvo físicamente presente en el país antes del 1 de noviembre de 2020. "Esto significa un corte en el día 1 de noviembre, luego del cual las nuevas entradas (al país) se convierten en prioridad de seguridad de la frontera", indicó el funcionario.
  • La tercera categoría, vinculada a la seguridad pública: un inmigrante se asume como prioridad de detención y deportación si presenta un ‘peligro para la sociedad’ o si fue condenado en el pasado por delitos graves o si fue detenido por una ofensa vinculada a la participación de pandillas criminales.

El fallo anterior de Tripton

El 26 de enero, seis días después de la Toma de Posesión de Biden y de emitida una orden ejecutiva que congelaba las deportaciones por 100 días, Tripton aceptó los alegatos presentados por el estado de Texas y dejó sin efecto la moratoria de deportaciones por 100 días anunciada por el DHS.

El juez otorgó una solicitud de emergencia ordenando al gobierno y sus respectivos funcionarios que deben rechazar y restringir el cumplimiento de las políticas contenidas en el memorando del 20 de enero.

Tipton dijo que la orden tiene alcance nacional y “prohíbe el cumplimiento e implementación de las políticas del 20 de enero en la Sección C, titulada Pausa inmediata de 100 días en las deportaciones".

Dos días después de anunciada la moratoria, el estado de Texas entabló una demanda para impedir que Biden ejecute la moratoria, demostrando de esa forma su antagonismo a la nueva política tras cuatro años de apoyar y aplaudir las medidas decretadas por Trump.

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