Luisa Pentón es una de las residentes de un complejo para personas de bajos recursos mayores de 55 años. Ella asegura, junto a otros habitantes del lugar, que hay inquilinos de edificios alrededor del suyo que están ocupando los puestos de sus vehículos, dejándolos sin tener dónde estacionar sus autos. Dice que aunque han reportado el problema a la administración aún no les brindan una solución.

Según un estudio de la Universidad de DePaul, en 2012 el precio de las viviendas en este lugar tenía un valor promedio de 97,000 dólares y, en la actualidad, ya se manejan cifras cercanas a los $400,000, algo que ha desplazado a cientos familias que no pueden pagar los exagerados aumentos en las rentas.

Los supervisores aprobaron una iniciativa con el objetivo de buscar más opciones de estacionamiento seguro para las familias que viven en sus vehículos.

Autoridades de la ciudad aseguran que cada vez es más común que las viviendas abandonadas sean ocupadas de manera ilegal debido a los vacíos legales y lo difícil que es sacarlos de esas propiedades.

Más de 100 familias de El Cerro aseguran que las autoridades castristas les dieron 48 horas para desalojar las viviendas que edificaron con madera y láminas de aluminio. En ese vecindario viven cientos de niños, ancianos y mujeres embarazadas. “Sabemos de lucha, no de rendimiento”, aseguran.

El joven de quince años acaba de perder a sus dos padres y no tiene a dónde ir.