Con una moción de más de 100 páginas, la defensa de Amber Guyger busca trasladar el proceso a otra corte argumentando que, de no ser así, su clienta no tendría un juicio justo. Además, señalaron que algunos medio de comunicación han publicado detalles que podrían alterar la investigación.

La investigación rompe con los estereotipos de que las personas desamparadas están en esa condición, en la mayoría de casos, por problemas de pobreza, educación o enfermedades mentales. De acuerdo con el reporte de la Coalición para los Indigentes de Chicago, datos del censo de 2017 indican que cerca de 1,800 personas sin hogar tienen educación universitaria y al menos 13,000 poseían un empleo.

Según investigaciones de The New York Times y The Washington Post, el Servicio de Inmigración y control de Aduanas y el FBI están accesando a datos de las oficinas estatales, en las que se emiten licencias de conducir, para identificar a inmigrantes indocumentados a través de tecnología de reconocimiento facial. Entretanto, el congresista Jesús ‘Chuy’ García señaló que “esto es una violación de la privacidad” y pidió a la comunidad permanecer tranquila.

Una vocera de la empresa Teco, encargada de suministrar gas en varios establecimientos de la zona, relató que minutos antes de la detonación los dueños de un restaurante llamaron para notificar sobre lo que se percibía en el ambiente. Por su parte, la policía aún no ha determinado oficialmente las razones de lo ocurrido.

Tras la decisión de la Corte Suprema de devolver el caso a tribunales inferiores, el presidente anunció que buscará añadir el interrogante a través de una orden ejecutiva o memorando. Asimismo, el fiscal general William Barr señaló que ve una vía legal que permita al gobierno hacer realidad dicha propuesta.

Decenas de personas se dieron cita frente a las oficinas del Departamento de Motores y Vehículos de California para protestar por las supuestas actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en las que estarían utilizando bases de datos de licencias para manejar estatales para aplicar tecnología de reconocimiento facial e identificar a inmigrantes. “Se pone en peligro la seguridad de los indocumentados”, señaló Juan José Gutiérrez, de la coalición 4 de julio.