Abogados y organizaciones de derechos civiles advierten que el decreto fronterizo presidencial daña el debido proceso migratorio al cancelar el derecho que tiene todo extranjero que huye de su país a pedir asilo en las fronteras de Estados Unidos.

Más de 100 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas presionan al presidente para que use su poder ejecutivo y proteja de la deportación a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y les conceda autorización para trabajar legalmente.

El primer paso al llegar a Estados Unidos para muchos solicitantes de asilo es demostrar “miedo creíble” o “miedo razonable” en una entrevista con un oficial de asilo. Pasar esta entrevista es fundamental para seguir con el proceso. Pero ¿cómo se mide el miedo de personas que llevan miles de millas recorridas en un formulario?

La efectividad de la medida ha recibido fuertes cuestionamientos ya que el número de detenciones en la frontera sigue siendo muy alto. A ello se suma la expedición de un memorándum que pide a la patrulla fronteriza en San Diego liberar, bajo orden de comparecencia, a casi todos los migrantes provenientes del hemisferio oriental. Te puede interesar: Legisladores buscan mejorar medidas para proteger a menores migrantes no acompañados que llegan a EEUU

El DHS reconoce su incapacidad para deportar a todos detenidos bajo la nueva política de Biden; se espera más calor en partes de Arizona y Nevada esta semana y el juicio penal del hijo del presidente Joe Biden se encamina a su recta final. Más información en UnivisionNoticias.com.

En virtud de la orden del presidente Biden, algunos inmigrantes indocumentados que expresen su temor a regresar a sus países de origen podrán acogerse a otro tipo de protecciones jurídicas, por ejemplo, las destinadas a los supervivientes de torturas.