El Acuerdo Judicial Flores de 1997 dicta la manera en que deben ser procesados los menores, el tiempo de permanencia detenidos y los derechos que tienen mientras están bajo la protección del gobierno, entre ellas, que sus futuros en EEUU deben ser resueltos por un juez de inmigración.

Entre enero de 2023 y finales de febrero de 2024 poco más de 380,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han ingresado a Estados Unidos bajo el programa 'parole' humanitario de Biden, que requiere la autorización de un patrocinador por parte del DHS, un pasaporte válido y un boleto de avión para poder entrar al país.

Una coalición integrada por más de 50 organizaciones de ayuda a inmigrantes se anotó una importante victoria judicial tras un fallo que le permite demandar a las empresas privadas que colaboran con los gobiernos estatales en enviar inmigrantes indocumentados de un estado a otro con engaños y falsas promesas.

La falta de envío de documentos a la Corte de Inmigración por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha provocado que miles de casos de deportación hayan sido desestimados, provocando demoras innecesarias, no solo para los tribunales, sino también para los inmigrantes.

Mientras dura el proceso de asilo, que en algunos casos puede ser años, los inmigrantes no pueden salir del país. Si lo hacen, advierten abogados consultados por Univision Noticias, automáticamente pierden todos sus derechos de permanencia.

En caso de que ley SB4 finalmente entre en vigor, la ACLU aconseja no responder a ninguna pregunta sobre su estatus migratorio a un policía local, incluyendo dónde nació, cómo ingresó a Estados Unidos, si es ciudadano o si tiene estatus legal o ‘papeles’.