Aumenta la tensión en la ciudad de Lynwood. Organizaciones proinmigrantes y la comunidad exigen que el concejo de la ciudad incluya y apruebe una ordenanza que daría mayores protecciones a la comunidad migrante y limitaría el acceso de agentes migratorios a áreas no públicas de edificios municipales. Mira también: Adolescente es apuñalado cerca de la preparatoria Savanna en Anaheim: detienen al sospechoso.

Los 11 miembros del Concilio Municipal de Aurora votaron a favor de la ordenanza que prohíbe que edificios, estacionamientos o parques bajo el control de la ciudad sean utilizados como base de operaciones, centros de procesamientos o puntos de reunión de agentes federales involucrados en tareas de control migratorio civil. Aquí te contamos qué no aplica en esta restricción.

El Concilio Municipal de Carpentersville aprobó de manera unánime una ordenanza que prohíbe a agentes federales usar propiedades del municipio para sus operativos. “Somos inmigrantes y entre todos tenemos que apoyarnos”, asegura una habitante que hizo presencia en el ayuntamiento. La iniciativa surge tras las operaciones del 15 y 16 de octubre, en las que oficiales habrían aparcado sus vehículos en estacionamientos de la alcaldía y negocios.

Como parte de los esfuerzos para frenar la violencia armada en Filadelfia, este lunes, la alcaldesa Cherelle Parker firmó la ordenanza 241057. La iniciativa establece que los comerciantes de armas de fuego con licencia de venta deben poner advertencias claras de que adquirir un arma para otra persona que no puede hacerlo es un delito. “Es algo fantástico, sobre todo para los jóvenes”, afirma el concejal Jim Harrity.

La Junta de Supervisores de Los Ángeles discute una moción que obliga a propietarios de viviendas de alquiler a instalar mecanismos que impidan que las temperaturas asciendan a índices peligrosos. Además, esta nueva ley permitirá que los inquilinos instalen aires acondicionados y ventanas. Te contamos los detalles.

Fue aprobada una ordenanza que impone una restricción en parques de Tempe para reuniones de 30 o más personas. Ahora, quienes busquen participar de estos encuentros, deberán solicitar un permiso y pagar una tarifa que varía según el número de días y actividades a realizar. La medida ha sido rechazada por activistas, quienes deben reunir más de 2.000 firmas antes de agosto para solicitar su revocación.