Pedro Rojas

Ricardo Palacios, el propietario de un rancho al norte de Laredo, Texas, alega en una demanda presentada en una corte federal que personal de la Patrulla Fronteriza instaló en sus tierras una cámara de vigilancia inalámbrica y lo monitorearon sin autorización.

Los maestros que lleven armas deben tener entrenamiento policial y evaluaciones mentales cada dos años. La ley estatal ha generado posturas encontradas.

Ricardo Palacios, residente del sur de Texas, entabló una demanda asegurando que, sin razón alguna, una cámara de vigilancia fue instalada por las autoridades fronterizas en el rancho en el que vive, hecho que estaría violando sus derechos. Sus abogados explican en qué va el proceso.

El documento emitido afirma que no se ha encontrado ninguna evidencia de una tercera persona y sugiere que la muerte de Rogelio Martínez podría catalogarse como un accidente.

El establecimiento en la comunidad de Manchaca está enfocado en la producción de aceite de cannabis para pacientes con epilepsia. El gobierno del estado ha dado autorización a tres empresas para la venta del producto por un precio entre 100 y 200 dólares. Los compradores deben presentar recetas emitidas por neurólogos.

La oficina del médico forense en El Paso, Texas, declaró que el oficial murió de un golpe en la cabeza, pero en circunstancias indeterminadas. José Martínez, padre de la víctima, declaró sentirse frustrado por la falta de una conclusión en el caso de la muerte de Rogelio Martínez mientras atendía una alarma por sensores de movimiento.