Después de que se sugirió utilizarlas para financiar la construcción de un muro fronterizo, el equipo del presidente Enrique Peña Nieto comenzó a tomar medidas sobre la segunda fuente de ingreso en el país azteca.

Los manifestantes aseguran que el incremento en el precio del combustible los hará perder competitividad, lo que podría dejarlos por fuera del mercado.

La región ubicada en el Área de la Bahía de San Francisco alberga a por lo menos 10,000,000 de inmigrantes, por lo que la una parte de la economía depende de sus labores.

El funcionario proponente manifestó que hay varios casos de asesinatos cometidos por indocumentados y agregó que su fin es aumentar la seguridad.

Esta es la primera reclamación judicial que se presenta después de que el presidente anunció un recorte del presupuesto a los lugares que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Por lo menos un millón de personas que residen en el estado tienen identificación municipal, cuyos datos serían compartidos con otras organizaciones. La mitad de esta población es indocumentada.