La medida es tomada tras los 125 feminicidios que se han registrado hasta julio de 2019 y las más de 2,700 denuncias por abuso sexual. Según cifras oficiales, en 2018 hubo más de 3,607 mujeres asesinadas en México, casi 10 al día, y solo 861 de los casos fueron clasificados como feminicidios.

Joseph Jenkins estuvo cerca de perder la vida tras inhalar a través de estos dispositivos un líquido que, según él, contenía extractos de CBD de la marihuana. Sin embargo, de acuerdo a un reporte realizado en Los Ángeles por Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés), lo que el producto tenía era marihuana sintética. Según el análisis, de cinco cartuchos para cigarrillos electrónicos que se compraron dos incluían el peligroso químico, que además es más barato.

La mujer y el menor de 2 años viajaron más de 300 millas desde Matamoros, México, hasta la frontera con Del Río, Texas, donde se aventuraron con un grupo de hondureños, pero fallecieron al pretender cruzar el río. Por otro lado, en un intento por procesar casos pendientes de asilo, esta semana comenzaron a funcionar dos instalaciones en carpas, una en Laredo y otra en Brownsville, que se utilizarán como salas de audiencias conectadas a través de circuitos cerrados de televisión.

Este proyecto artístico se desarrolla en el muro que divide a México y Estados Unidos en Tijuana y consiste en plasmar, por medio de rostros, las vivencias de quienes han sido separados de sus familias y hasta deportados por las autoridades. En la estructura han sido puestos unos códigos que al ser escaneados con un teléfono inteligente permiten conocer en detalle cada uno de los casos expuestos.

El exprocurador Jesús Murillo Karam, quien dos meses después de la desaparición forzada de los jóvenes cerró la investigación al asegurar que bandas criminales incineraron a los alumnos, está en la mira de las autoridades por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que Tomás Cerón, el hombre señalado como el principal responsable de montar la supuesta hoguera donde fueron quemadas las víctimas.

25 uniformados de Texas, California y Arizona hicieron parte de una investigación de The New York Times en la que aseguraron que deben soportar señalamientos, rechazos y hasta ataques por seguir las directrices migratorias del presidente Donald Trump. Defensores de los derechos humanos sostienen que los oficiales han contribuido con sus acciones a que la sociedad tenga una percepción negativa de este trabajo.