Cientos de inmigrantes se reunieron este sábado con familiares en un encuentro realizado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Fueron más de 300 familias que por pocos minutos pudieron compartir sin temor a las leyes migratorias. Los organizadores esperan poder seguir realizando el evento por muchos años más.

Esta problemática se suma a la escasez de alimentos, medicamentos y algunos servicios como electricidad, gas y agua. En camiones de mudanzas, transporte de ganado, construcción y recogedores de basura, entre otros, los habitantes del país latinoamericano buscan la manera de movilizarse. La falta de dinero en efectivo para pagar pasajes y la falta de repuestos para los vehículos ha paralizado las flotas en varias ciudades, incluida Caracas.

El estado de hacinamiento en el que viajaban los obligó a pedir ayuda en el norteño estado de Tamaulipas. Según abogados, está práctica clandestina es utilizada cada vez más por los traficantes. En 2017, 69,000 indocumentados fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración y en lo que va de 2018 se han asegurado más de 1,200 personas ocultas en camionetas, camiones o tráilers.

La piloto Tammie Jo Shults y el primer oficial Darren Ellisor hablaron por primera vez de lo que sucedió dentro de la cabina del vuelo 1380. Ellos lograron aterrizar el avión al cual se le rompió una ventanilla en pleno vuelo tras la explosión de uno de sus motores. La pericia de la mujer logró salvar la vida de 144 pasajeros, aunque una persona murió durante la emergencia.

En la ciudad, muchos indocumentados evitan el contacto con los agentes por temor a su supuesta colaboración con ICE. Este sábado se jugó la final del 'Torneo de los sueños', en el que hombres y mujeres, con papeles e indocumentados, se enfrentaron a agentes de la autoridad local con el ánimo de mejorar las relaciones. Con el evento, activistas aseguran que la policía busca motivar a la comunidad a reportar delitos y colaborar con investigaciones sin temor a represalias.

Líderes sindicales comunitarios celebran la decisión del Departamento de Justicia de EEUU y dicen que es una victoria simbólica. La Universidad pidió a un grupo de trabajadores inmigrantes reestablecer su autorización de empleo después de que sus documentos habían expirado, práctica que, según expertos en inmigración, es considerada ilegal. La institución educativa acordó pagar una multa de 4,700 dólares.