María Estrada regresó a Sacramento tras ser deportada a pesar de contar con DACA vigente, luego de que una jueza determinara que su expulsión fue ilegal. La mujer se reencontró con su hija con gran emoción, mientras continúa su batalla legal para permanecer en Estados Unidos.

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La Corte Suprema revisa una polémica política que impediría a los migrantes solicitar asilo si las autoridades los detienen antes de ingresar formalmente al país. El cambio obligaría a los solicitantes a estar físicamente dentro de Estados Unidos para iniciar su reclamo legal. El abogado de inmigración, Ezequiel Hernández, advierte en N+ Univision que esta medida crearía una "valla invisible" en la frontera, limitando drásticamente el derecho de protección para miles de personas que huyen de la violencia en sus naciones.

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El nombramiento de Markwayne Mullin a segura la continuidad de las políticas migratorias estrictas características de la administración de Trump. El analista republicano Silvio Canto señala que, aunque el estilo de comunicación cambiará, las funciones de agencias como ICE seguirán operando bajo el marco legal vigente para reforzar la seguridad interior. Mullin asume el cargo con el reto de gestionar operativos en ciudades con baja cooperación local, defendiendo la ejecución de órdenes judiciales y la aplicación rigurosa de la ley.

Un juez federal dictaminó el retorno inmediato a Estados Unidos de María de Jesús Estrada, una mexicana beneficiaria de DACA a quien el gobierno expulsó tras una audiencia migratoria. Las autoridades ejecutaron una orden de deportación de 1998, pero la defensa legal de Estrada sostiene que ella nunca recibió una notificación oficial sobre dicho proceso. Este fallo cuestiona la legalidad de la remoción y exige el cumplimiento del debido proceso para la joven, quien buscaba regularizar su estatus permanente antes de su detención.

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El nuevo Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, asegura que frenará los ingresos a propiedades privadas sin una orden judicial, buscando modera r las políticas de la administración actual en un año electoral. Este anuncio coincide con cambios críticos en los procesos migratorios, como la reducción del nivel de alerta de viaje a Venezuela y la urgencia de renovar el permiso de trabajo para miles de venezolanos antes del 12 de abril. Expertos recomiendan buscar asesoría legal inmediata ante el posible endurecimiento de las solicitudes de asilo y la lentitud administrativa en las renovaciones de beneficios del TPS.

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) confirma que las autoridades han procesado a 132 menores deportados durante el último año a pesar de su previa protección legal. Estos niños y adolescentes contaban con el estatus especial de inmigrantes juveniles por ser víctimas de abuso o abandono en sus países de origen. La eliminación de este beneficio bajo la administración actual afecta a más de 150,000 jóvenes que aún esperan procesar su residencia permanente en los Estados Unidos.