Analistas en derecho migratorio aclaran en ‘ Hablemos de Inmigración’ las opciones legales para regularizar el estatus de personas con peticiones familiares, protecciones militares o casos de asilo pendientes. Tras consultar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especialistas recuerdan que los indocumentados con órdenes previas de arresto no reciben liberación automática, incluso si contraen matrimonio con ciudadanos estadounidenses.

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Nora Murillo ahora está separada de sus tres hijos; ella dice ser una de las clientes de la "Abogada de los Milagros", Alexandra Lozano. Murillo asegura que las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron su entrada a México, luego de perder supuestamente una cita en corte, bajo un proceso que había confiado en la exabogada Lozano.

Estados Unidos intensificará el cobro de multas migratorias a personas deportadas mediante investigadores privados en México, Guatemala y Honduras. La medida busca recuperar 423 millones de dólares y ha generado críticas por su posible efecto intimidatorio.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alista un presupuesto de 9 millones de dólares para contratar investigadores privados en México, Honduras y Guatemala. El plan busca rastrear y presionar a inmigrantes deportados para cobrarles multas civiles que alcanzan hasta un millón de dólares. Expertos legales señalan que la falta de jurisdicción en el exterior dificulta la aplicación del programa y restringe la colaboración de gobiernos extranjeros.

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ICE sigue ejecutando sus operativos de arresto de migrantes en aeropuertos de todo el país. En el aeropuerto de Las Vegas, arrestaron a Nqobile Malangeni, una mujer embarazada originaria de Sudáfrica, país del que Donald Trump sí acepta solicitantes de asilo. La mujer permanece retenida en un centro de detención y podría ser deportada en cualquier momento.

Una investigación reveló que más de 50 padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo han sido detenidos por agentes de ICE. Varios enfrentan procesos de deportación, pese a que algunos buscaban regularizar su situación mediante el programa Military Parole in Place.

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