Helen Aguirre, directora de medios hispanos de la Casa Blanca, detalló que encontrar una solución al problema de las familias separadas en la frontera sur de los Estados Unidos es una prioridad el día de hoy en la corte de Washignton DC.

Legisladores, activistas y comunidad inmigrante reiteran que alejar a los niños de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera no es una ley en EEUU sino una política del gobierno que debe terminar. Buscan presionar para terminarla.

La campaña comprende una resolución en el concilio de Chicago que urge al Congreso de Estados Unidos a proteger a cinco millones de estadounidenses, dos millones de dreamers, y cientos de miles de niños con padres que tienen TPS.

Líderes políticos del estado proponen reforzar los requisitos para adquirir un arma. Consideran que una de las principales exigencias debe ser una evaluación de salud mental y la protección para menores de edad.

El mandatario aseguró que no respaldará el proyecto más moderados que los republicanos presentarán en el Congreso, mientras que la Casa Blanca asegura que el presidente apoya "totalmente" las dos propuestas.

El juez Peter Ormsby solicitará el próximo jueves que se implemente "un procedimiento diferente". Además, médicos que han visitado los centros de detención advierte las graves consecuencias de salud para los menores separados de sus padres.