Jorge Cancino

Luego del estancamiento de las conversaciones bipartidistas en el Senado la semana pasada para lograr consenso en cuanto a un plan de reforma migratoria que legalizaría la permanencia de algunos inmigrantes indocumentados, el liderazgo demócrata redacta un plan que incluirá en un 'paquete de reconciliación' sobre el presupuesto.

Un grupo integrado por 85 organizaciones, entre ellos abogados, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes, ofreció al gobierno de Joe Biden ayudar en la ubicación, repatriación y procesar 945 casos de asilo de ciudadanos salvadoreños y hondureños enviados a Guatemala.

Si bien el número de inmigrantes indocumentados detenidos en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas registró una ligera baja en las últimas semanas, las cifras siguen siendo elevadas comparado con los detenidos en marzo. Abogados advierten que muchos de ellos califican para pedir la libertad tras el pago de una fianza o el uso de un grillete electrónico.

Tras el fallo de un juez federal de Texas el viernes, que prohibió al gobierno adjudicar nuevas solicitudes bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012, la comunidad de dreamers de inmediato se movilizó para pedir al Congreso que apruebe una ley que regularice sus permanencias e incluya un camino hacia la ciudadanía.

La medida no afecta unos 700,000 beneficiarios del programa, pero sí impide que se registren nuevos casos que protegen de la deportación a ciertos jóvenes que fueron traídos a EEUU por sus familias cuando eran niños.

Merrick Garland anuló ordenes emitidas durante el gobierno de Donald Trump y le devolvió a los jueces de inmigración la autoridad para cerrar casos y permitir que inmigrantes que llevan tiempo en el país, tienen familias establecidas y carezcan de antecedentes criminales, puedan cancelar sus casos de deportación y legalizar sus permanencias en Estados Unidos.