Horas después de que una j ueza federal de El Paso detuviera temporalmente una orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, que otorga poderes extraordinarios a los policías para detener vehículos si existe duda razonable que transportan a inmigrantes indocumentados, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una segunda demanda para impugnar el mandato.
ACLU demanda orden ejecutiva de Texas que prohíbe el transporte de indocumentados
Horas después de que un jueza federal de El Paso detuviera temporalmente una orden ejecutiva del gobernador que otorga poderes extraordinarios a los policías para detener vehículos si existe duda razonable que transportan a inmigrantes indocumentados, la Unión Americana de Libertades Civiles presentó una segunda demanda para impugnar el mandato.
Por:Jorge Cancino
Video Crisis fronteriza: miles de indocumentados cruzan la frontera de Texas en solo 48 horas
El recurso legal, el segundo después del presentado en julio por el Departamento de Justicia, alega “la gama de daños causados por la orden ejecutiva a las comunidades fronterizas, los solicitantes de asilo, sus familias, refugios y conductores en todo Texas”, se lee en la demanda.
La orden de Abbott se encuentra frenada temporalmente tras el fallo en martes de una jueza de distrito de El Paso, en atención a un requerimiento hecho por el Departamento de Justicia en julio.
Los demandantes
La impugnación fue presentada en nombre de grupos e individuos de defensa humanitaria e inmigrante de Texas directamente afectados por la orden de Abbott.
La demanda federal fue presentada en nombre de la Annunciation House, uno de los mayores proveedores de refugios en la frontera entre Estados Unidos y México, con sede en El Paso; Angry Tías & Abuelas of the Rio Grande Valley, una organización de voluntarios que ayuda a los migrantes; Jennifer Harbury, una voluntaria humanitaria que frecuentemente conduce migrantes; y, FIEL Houston, una organización de derechos de los inmigrantes con miembros que incluyen inmigrantes recién llegados sujetos a restricciones de viaje debido a la orden ejecutiva, explicó el grupo de derechos civiles.
“La orden ejecutiva del gobernador Abbott es descaradamente inconstitucional y amenaza con convertir a Texas en un estado de 'muéstreme sus papeles'”, dijo Kate Huddleston, abogada de la ACLU de Texas.
Agregó que “la orden crea la tormenta perfecta para la discriminación racial al permitir que los agentes estatales vean a cualquier grupo de personas como 'ciertos inmigrantes' que violan la orden”.
Huddleston dijo además que la decisión de Abbott “conducirá a detenciones ilegales, incautación de vehículos y el desvío forzoso de vehículos a la frontera entre Texas y México”, y que la orden se trata de “otro asalto a los derechos civiles de los tejanos por parte del gobernador y un esfuerzo por tomar como chivo expiatorio a los inmigrantes en el estado (de Texas)".
Freno temporal
La orden temporal emitida por la jueza de distrito Kathleen Cardone, señala que la orden ejecutiva de Texas “pone en peligro la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal”, poniendo además “en riesgo la seguridad del personal de las fuerzas del orden público federal y sus familias, y exacerbando la propagación del covid-19 en nuestras comunidades”.
Cardone opinó además que "la orden ejecutiva causa un daño irreparable a Estados Unidos y a las personas que Estados Unidos están encargados de proteger, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal”.
“La Corte consideró la Moción de Emergencia para una orden de restricción o medida cautelar preliminar”, indica el fallo. “Existe una buena causa para creer que tendrá jurisdicción sobre todas las partes, y el lugar en este distrito es el adecuado”, indicó.
Cardone también dijo que el decreto de Abbott “viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución porque entra en conflicto y representa un obstáculo a la ley federal de inmigración; y regula directamente las operaciones del gobierno federal”.
Detalles de la orden
La orden ejecutiva de Abbott ordena que los agentes de la ley estatales detengan a los conductores que sospechan que transportan migrantes, incluidos los migrantes a quienes el Departamento de Seguridad Nacional les ha permitido ingresar y residir en los Estados Unidos.
Además, otorga a funcionarios estatales autoridad unilateral para hacer conjeturas sobre cuestiones complejas sobre el estado migratorio y, si la orden entra en vigor, dará lugar a detenciones arbitrarias, interrogatorios, discriminación racial, confiscación de propiedades y fuertes multas, explica la ACLU.
También impide que los migrantes en Texas se involucren en todo tipo de actividades esenciales “y da un vuelco al sistema de viajes posteriores para los solicitantes de asilo que llegan a la frontera: una vez liberados de la custodia federal, los migrantes viajan a refugios, atención médica, estaciones de autobuses y aeropuertos para continuar el viaje en grupos”, explicó el grupo de derechos civiles.
“Según esta orden, los refugios ya no pueden recoger a los solicitantes de asilo o llevarlos a buscar comida, asistir a audiencias judiciales o ver médicos, y la gran mayoría de los migrantes salen de la frontera en autobús y no pueden reunirse con sus familiares en otras partes de Texas y otros estados”, añade.
“Ilegal e inhumana”
"Estamos impugnando esta orden ejecutiva porque es ilegal e inhumana", dijo Spencer Amdur, abogado del personal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “El gobernador de Texas no puede vetar las decisiones federales sobre quién puede vivir en este país. Y la policía estatal no puede detener a conductores y confiscar automóviles que sospechan que transportan solicitantes de asilo. Este es un ataque sin precedentes al sistema federal de inmigración y debe ser derribado”.
A su vez, Rubén García, director de Annunciation House, dijo que “nuestros refugios son lugares de hospitalidad temporal para solicitantes de asilo que viajan a su destino final, con frecuencia después de viajes largos y difíciles para llegar a El Paso. Si no podemos ayudar a las personas a llegar a sus destinos futuros, tendremos que cerrar nuestras puertas. En pocas palabras, la orden ejecutiva del gobernador Abbott nos impide hacer lo que hacemos: servir a los migrantes y refugiados en nuestra vibrante comunidad”.
Para Cesar Espinoza, director Ejecutivo de la organización FIEL Houston, “si el gobernador Abbott continúa erosionando la confianza de la comunidad a través de estas malas políticas, tememos que nuestros miembros tengan miedo de presentarse como testigos y víctimas de delitos. Debemos hacer más para proteger a nuestra comunidad y no debemos seguir culpando a la comunidad inmigrante por todo, incluida la creciente pandemia en el estado de Texas que ha empeorado en gran parte debido a la irresponsabilidad del gobernador".
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en El Paso, la misma corte que detuvo la implementación de la orden.
Cabe destacar que el decreto de Abbott sacó a relucir el debate de la Ley de Arizona SB 1070 y la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2012. El máximo tribunal de justicia desestimó la orden que exigía a los agentes del orden público (policías estatales y municipales) verifiquen el estado migratorio de todo individuo que sea detenido bajo cualquier otra ley vigente. También si el agente tiene “sospecha razonable” que se trataba de un inmigrante indocumentado.
Los magistrados rechazaron además el apartado que convertía en delito bajo la ley del estado (criminaliza) el que un inmigrante no lleve consigo una identificación que pruebe se encuentra viviendo legalmente en Estados Unidos.
Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el plan de Abbott puede cometer los mismos errores infringidos Arizona con la SB 1070.
