Mientras la mayoría celebraba la llegada del Año Nuevo en casa, en Tijuana se vivía de nuevo una escena de caos cuando decenas de migrantes intentaron escalar el cerco de metal. Es la segunda ocasión en poco más de un mes en que las autoridades estadounidenses responden con gases lacrimógenos para disuadir la entrada a la fuerza de indocumentados.

Más conocida por sus beneficiarios como ‘La Casa’ y creada en el 2011, esta agrupación se ha encargado de asistir a miles de inmigrantes cada año, los cuales no tienen que cumplir con ningún requisito y pueden llegar desde cualquier parte del área triestatal.

El mexicano Gustavo Pérez Arriaga fue presentado en corte este miércoles para ser acusado formalmente por el asesinato del agente Ronil Singh, en una pequeña localidad del Valle Central californiano cuando fue detenido por una infracción de tráfico en Navidad, un caso que ha revivido el debate nacional sobre inmigración.

Ante el Instituto Nacional de Migración del país azteca, más de 2,000 centroamericanos del éxodo masivo tramitaron una visa humanitaria que ya les fue entregada y otros 1,000 siguen a la espera de ese documento, el cual les permitirá trabajar y permanecer en México. De acuerdo a las autoridades, muchos otros no han realizado el proceso o lo dejaron inconcluso ante la posibilidad de ingresar a EEUU o porque retornaron a sus países de origen.

Asegura que sus agentes fueron agredidos con piedras lanzadas desde el lado mexicano, luego de que un centenar de migrantes centroamericanos intentara cruzar de manera ilegal a EEUU durante las primeras horas de 2019. Tras el suceso, no se reportaron heridos, pero al menos 25 personas fueron detenidas. Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses utilizan este tipo de gas para evitar el paso indiscriminado de inmigrantes por la frontera sur.

Un juez le pidió a Juan Manuel Gastélum abstenerse de transmitir mensajes de este tipo contra los inmigrantes y ordenó a las autoridades de la ciudad respetar los derechos de esta población. Una de las frases más polémicas del alcalde, quien calificó de "censura" la decisión judicial, fue: "Los derechos humanos para los humanos derechos".