Inmigrantes indocumentados

El gobierno Trump se enfoca (más que antes) en castigar a los deportados que vuelven

Las estadísticas de la actual administración confirman que aquellos que reingresaron al país ilegalmente se han vuelto una prioridad para ICE. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de ese delito en 2018, un aumento del 38% comparado con el año anterior.
20 Mar 2019 – 9:18 PM EDT

Noé Arreola no se lo esperaba. Sus tres hijos de 5, 7 y 9 años, junto a la madre de ellos, lo acompañaron a la corte de Riverside, en el sur de California, el pasado 10 de enero. Al salir, apenas subieron a su auto dentro del estacionamiento del tribunal, los rodearon varios agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que iban por Noé, quien ahora está en la cárcel para migrantes en Adelanto.

"No les importó que estaban los niños ahí", aseguró la expareja de Arreola, Ámbar Mejía, quien cree que el operativo para detenerlo fue excesivo y hasta peligroso. "Yo estaba asustada, no sabía qué estaba pasando. Le dije a los niños: ‘córranle para en frente’. Cuando di la vuelta ya lo tenían arrestado", contó.

Arreola es mexicano, tiene 32 años y llegó a EEUU cuando era adolescente. Se ganaba la vida pintando casas. Sus dos hijos mayores son autistas. Él estaba en la mira de ICE porque hace más de 10 años lo arrestaron por conducir bajo la influencia (DUI) y lo deportaron en diciembre de 2008. Un mes después reingresó ilegalmente al país y continuó su vida normalmente, sin anticipar que lo volverían a detener por esa falta.

Mejía dice que ICE lo agarró totalmente desprevenido. Esta mujer, quien nació en Los Ángeles hace 35 años, cree que él merece quedarse en el país para cuidar a sus tres hijos, pues ahora los tiene que mantener ella vendiendo comida y de ahí le deposita también dinero a Arreola en su cuenta en la cárcel de Adelanto.

"Estamos aquí para trabajar, no estamos haciendo nada malo. Están separando familias", expresó con tristeza en entrevista con Univision Noticias.

De acuerdo con las estadísticas del gobierno, ahora los deportados que regresan están en su lista de prioridades de arresto y expulsión. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de reingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, según cifras del Departamento de Justicia (DOJ). Esto es un aumento del 38% respecto al año fiscal anterior y es el número más alto desde 2012.

La hoja de antecedentes de Noé tenía dos de los motivos más comunes citados en los operativos de ICE: conducir ebrio y regresar al país sin autorización. En el año fiscal 2018, el 15% de los 158,581 arrestos que realizó ICE se originaron por esta última razón. Por DUI fueron más de la mitad del total.

Dependiendo del (o los) delitos que haya cometido un migrante, si vuelve a cruzar la frontera sin documentos podría enfrentar una condena de hasta 20 años en una prisión federal.

Estos cambios obedecen a la dura política migratoria de 'tolerancia cero' de la administración de Donald Trump, que ha dejado de enfocarse solo en los criminales peligrosos y pone bajo la lupa a millones de indocumentados que viven en este país.

Las graves consecuencias del reingreso sin papeles

Al parecer parte de esa iniciativa incluye que la Fiscalía federal exponga este tipo de procesos. Ahora, a menudo publica convicciones y acusaciones contra deportados que se arriesgaron a volver a EEUU.

Solo este martes, la dependencia publicó cinco comunicados de prensa sobre los arrestos recientes de seis migrantes que regresaron ilegalmente. Ninguno tiene antecedentes por crímenes violentos. Anecdóticamente, tal práctica no era destacada por las autoridades con esa frecuencia durante el gobierno de Barack Obama.

Durante las últimas seis semanas el Departamento de Justicia ha publicado más de 20 comunicados citando a por lo menos 62 migrantes que ya habían sido deportados. Entre esos boletines de prensa se mencionan de manera conjunta casos contra 16 personas en el estado de Pennsylvania y otro informe cita a 15 migrantes más acusados en Carolina del Norte.

"Siguen viniendo", reclamó el fiscal federal Mike Stuart refiriéndose a la condena a siete meses en una prisión federal impuesta al mexicano Gilberto Espino Velásquez, de 41 años, quien se encuentra bajo custodia desde el 8 de noviembre. Al concluir su sentencia lo sacarán otra vez del país.

Espino Velásquez había sido deportado tres veces en 2003 y fue condenado por ese mismo delito el 8 de septiembre de ese año en una corte federal de Texas. Su última detención derivó de una denuncia que recibió ICE de que había indocumentados trabajando en una zona de construcción en West Virginia.

El abogado de inmigración Raúl Saldaña explica que debido a la dura política migratoria de Trump una persona puede pasar varios meses tras las rejas si fue deportado en repetidas ocasiones. "He visto que ahora ICE va por los que regresan en cuanto sabe que están aquí, por cualquier situación menor. Se volvieron una prioridad; antes ocurría con ciertos tipos de crímenes", describió.

"Es difícil para estas personas cuando tienen una familia aquí y quieren reingresar sin autorización. Pero muchas veces es peor", advirtió Saldaña, quien explicó que uno de los castigos a los que se exponen si vuelven en un período de cinco años es que jamás les permitan legalizarse en EEUU.

El Departamento de Justicia compartió estadísticas sobre dicho delito, pero declinó comentar al respecto. Un portavoz explicó que si ahora están publicando más comunicados sobre estos casos es porque están recibiendo un número mayor de procesos de ese tipo.

ICE, por su parte, advirtió que las consecuencias pueden ser graves para estos infractores, como pasar varios años en prisión. "ICE se enfoca en eliminar las amenazas a la seguridad pública y los extranjeros criminales condenados, así como a las personas que han violado las leyes migratorias de nuestro país, incluidos aquellos que volvieron a ingresar ilegalmente", dijo su vocero Matthew Bourke.

El duro mensaje de la Fiscalía

Entre las acusaciones penales que publicó el DOJ este martes se encuentran las que pesan contra el hondureño Omar Eli Pérez Murcia, de 35 años; el nicaragüense Alexander Josué Reyes Ramírez, de 33; el hondureño Elvin Francisco Álvarez Izagirrez, de 37; y el mexicano Omar Ortiz Hernández, de 26.

A los tres primeros los detuvo ICE en Louisiana y al último en Nueva Orleans. Ninguno ha sido convicto por delitos violentos. Todos enfrentan una sentencia de hasta dos años en una prisión federal, un año bajo libertad condicional y les pueden imponer una multa de hasta 250,000 dólares.


La Fiscalía también expuso este mes el proceso judicial contra los hermanos Carlos y Huber Rodríguez Díaz, de 26 y 24 años. Estos mexicanos fueron arrestados por oficiales de ICE el 19 de diciembre de 2018 cuando iban caminando hacia su trabajo, un restaurante en Hurricane, en West Virginia. Alguien reportó que un indocumentado estaba en la nómina del negocio, según el comunicado del DOJ.

Al ser interrogados por los agentes migratorios ellos aceptaron que estaban en el país sin papeles. Cuando revisaron sus antecedentes penales a través de la lectura de sus huellas dactilares, ICE supo que Carlos había sido expulsado del país tres veces en 2014, 2015 y 2018. Mientras que su pariente tenía una deportación en 2014. No se proporcionaron más detales sobre su historial criminal.

"Hay cuatro deportaciones previas entre los dos hermanos y pronto compartirán seis deportaciones entre ellos", señaló el fiscal federal Mike Stuart al reportarse que los hermanos Rodríguez Díaz se declararon culpables de dicho delito. "Espero que reciban el mensaje: si quieres venir a Estados Unidos, sigue el proceso legal si te quedarás más tiempo", agregó el funcionario.

Una audiencia condenatoria en el caso de los hermanos Rodríguez Díaz se programó para el 8 de abril.

"Esto es darle prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", reclamó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

"Hoy el hecho de que hayas reingresado al país ilegalmente, aunque hayas estado 25 años y tengas una familia y un trabajo aquí, para la administración federal es un crimen lo suficientemente grave para volver a deportarte. No hay manera de que eso se pueda detener", agregó Cabrera. "Eso está dando espacio a que haya miedo, confusión y que se viole el debido proceso".

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

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