Inmigrantes indocumentados

ICE lo arrestó por dos faltas menores de hace 22 años, que quedaron en evidencia tratando de legalizarse

El deseo de volver a su país para visitar a su madre desató una pesadilla para Jaír Solís, quien terminó en un centro de detención de ICE en el que pasó 22 días. El caso de este mexicano refleja dos problemas que enfrentan los indocumentados en la era Trump: pueden quedar en la mira de las autoridades migratorias tratando de obtener papeles si tuvieron problemas menores en el pasado y pasar largos períodos tras las rejas si no tienen dinero para pagar una fianza.
22 Mar 2019 – 4:17 PM EDT

Desde que emigró en 1987 siendo un adolescente, Jaír Solís no había deseado tanto regresar a México hasta que reflexionó sobre la edad avanzada de su madre y la posibilidad de no volverla a ver viva. "Pensé: ‘voy a ir antes de que se muera’". Para asegurar su retorno él comenzó el proceso para legalizarse a través de su hijo mayor, un militar, sin anticipar que se metería en la boca del lobo.

Ese trámite se lo confió a un 'notario' (consultor de inmigración) que le cobró 500 dólares, un bajo costo que al final le salió caro. La mañana del domingo 24 de febrero, solo dos semanas después de que le llegó una carta sobre su caso migratorio indicándole que debía seguir el proceso para regularizar su estatus desde México, lo despertaron los golpes en su puerta.

"¡Policía! ¡Abra la puerta!", gritaron. "Me asomé por el hoyo de la puerta y vi que era Migración. Los reconocí porque ya los había visto en la calle parando gente", contó Solís, de 44 años, a Univision Noticias. "Les dije: ‘no les voy a abrir, le voy a hablar a mi abogado’", según su relato.

Aunque los agentes le aseguraron que solo querían conversar, Solís no les creyó. Aunque les respondía con firmeza, al otro lado de la puerta estaba más nervioso que nunca. Temía que pudieran entrar a la fuerza, lo deportaran y lo separaran de su esposa y sus cinco hijos, todos nacidos en este país.

"Les dije que me iba a cambiar de ropa, pero después les dije que había cambiado de parecer y que no les iba a abrir", relató. Once minutos después, los agentes se dieron por vencidos y se fueron.

En tres videos de seguridad que el abogado Richard Lucero, representante legal de Solís, envió a esta redacción se observa que a las 7:57 am cinco oficiales de ICE armados con pistolas y rifles entran al complejo de apartamentos en el noroeste de Los Ángeles donde vive este mexicano. A las 8:06 am suben al segundo piso dirigiéndose a su unidad. A las 8:17 am salen del edificio.

Al día siguiente, Solís fue a su trabajo cuidándose las espaldas, sabiendo que ICE ya lo tenía bajo su lupa. No se equivocó. En la madrugada del martes 26 de febrero, un auto deportivo encendió unas luces policiacas y lo detuvo. "¿Sabes quiénes somos?", le preguntó un agente migratorio al acercarse a la ventanilla de su auto. "Sí, ya sé", respondió el indocumentado.

Esa misma mañana lo llevaron al centro de procesamiento de ICE en el centro de Los Ángeles y por la tarde a la cárcel Theo Lacy, en el condado de Orange. Según él, ahí pasó un martirio de 22 días que inició durmiendo en el suelo y apretujado con otros nueve detenidos. "No teníamos cama, era un cuarto frío con un solo baño; dos noches dormimos sentados. Fue una tortura", afirmó.

Pasó menos de un mes en el penal, pero él dice que sintió como si hubiera estado un año. Cuenta que lo peor en ese lugar fueron los operativos por la madrugada para revisar que todo estaba bien. "Te tiran las camas, la comida. La patean y se ríen de uno. Y después te sacan en puro bóxer", relató.

En la lista de ICE por querer legalizarse

No es el primer migrante que se queja de maltratos en Theo Lacy, una vez considerada la peor cárcel para migrantes en California. El Sheriff del condado donde está, la agencia que la supervisa, ha negado cada uno de los alegatos.

El caso de Solís fue tomado por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), que le ofreció representarlo legalmente y pagó una fianza de 5,000 dólares para que este hombre peleara su proceso de deportación en libertad. Salió en libertad la noche del pasado 13 de marzo. Su esposa e hijos lo esperaban afuera de las oficinas de ICE en Los Ángeles. En ese reencuentro hubo abrazos y lágrimas.

"Estaba bien preocupado, pensé que ya no los iba a ver", dijo esa noche a Univision 34.

Su abogado Richard Lucero dice que el caso de este michoacano es un ejemplo de que sin la asesoría debida un proceso migratorio puede llevar a enfrentar la deportación.

El litigante cree que su cliente quedó bajo custodia federal porque hace 22 años cometió dos delitos menores: manejar con imprudencia y mostrar un arma. Pero Solís asegura que no es el responsable de eso, sino que en 1997 manejaba su auto y un joven que iba como pasajero sacó un pistola de juguete para amenazar a una persona.

(Pedimos un comentario sobre el caso en contra de este inmigrante indocumentado a ICE, pero hasta el momento de la publicación de este artículo seguíamos sin obtener respuesta).

Si este hombre hubiera contratado a un abogado en vez de un 'notario', le habrían advertido que tenía que "limpiar" su récord criminal, explicó el abogado Lucero. " Estos casos son un riesgo porque si los rechazan, ICE te puede ir a buscar", advirtió.

"El problema es que debido a los cambios en las políticas migratorias hay personas que sí califican para obtener un estatus migratorio, pero tienen miedo de lo que pase si niegan sus casos", también recalcó Lucero.

Solís tiene, de hecho, dos procesos pendientes para tratar de legalizarse. Además del que inició hace un año con su hijo enlistado en el Ejército, abrió otro hace 18 años por medio de su hermano con ciudadanía estadounidense. "Él tiene opciones", afirmó su abogado.

"Es algo que no le deseo a nadie"

El caso de este michoacano también refleja otro problema que enfrentan miles de inmigrantes que pasan largos períodos tras las rejas solo porque no pueden pagar sus fianzas. Un análisis de Univision Data descubrió que la situación se agrava según la discreción de los jueces de inmigración, pues mientras unos imponen fianzas de menos de 5,000 dólares, otros aplican montos incluso superiores a los 20,000 dólares.

Solís, quien hasta el día de su detención se ganaba la vida como supervisor de una empresa de limpieza y es el único sostén de su familia, dice que jamás habría salido de Theo Lacy sin ayuda de su comunidad. Además del apoyo económico y legal de CHIRLA, su iglesia le entregó 5,000 dólares que colectó entre sus feligreses y una campaña en GoFundMe ha reunido más de 5,200 dólares.

"Si no hubieran pagado la fianza todavía estaría encerrado. No habría tenido dinero", dijo él.

Este beneficio legal le permite a un indocumentado detenido enfrentar su proceso de deportación fuera de un centro de detención de ICE. Ese dinero sirve como garantía de que el inmigrante no escapará de las autoridades, pues lo perderá si no se presenta a las audiencias.

De acuerdo con una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a finales de 2017, el gobierno federal impone fianzas "inaceptables" para los inmigrantes detenidos, incluidos los solicitantes de asilo, al no considerar sus recursos financieros o capacidad de pago.

Esta querella busca que las cortes apliquen estándares similares a los utilizados en casos criminales. "Los jueces deben considerar los vínculos de la persona con la comunidad, la gravedad del delito y las circunstancias financieras de una persona al momento de fijar la fianza", menciona la demanda.

Jorge Mario Cabrera, vocero de CHIRLA, contó que Solís se benefició de un fondo de 45,000 dólares que creó la organización para abogar en las cortes a los migrantes. "Muchas veces hay personas que han contribuido a su comunidad y vale la pena pelear por ellos. Muchas veces la razón por la que no salen libres es porque la familia no tiene para pagar la fianza", aseveró.

CHIRLA espera que su fondo para liberar indocumentados crezca nutriéndose de las donaciones.

Cabrera subraya que no dudarán en abrir la cartera para ayudar a personas como Solís que, si bien cometieron faltas menores en el pasado, se volvieron agentes de cambio en sus vecindarios. "¿Cuántos de nosotros tenemos delitos menores? Sin embargo, no merecemos que nos deporten", indicó el activista.

La semana pasada hubo un brindis, tacos dorados y ensalada de papa para celebrar el regreso de Solís a su hogar. Pero el alivio es a medias y las secuelas no se han ido. Cada vez que sale de su apartamento sus hijos menores, de entre 10 y 15 años, temen que sea la última vez que lo vean en este país.

"Todavía tengo miedo, siento que todos los carros me siguen. Nunca había sentido temor por andar en la calle, me quedé traumado", dijo entre lágrimas. "Es algo que no se lo deseo a nadie".

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