El gobierno estudia alternativas para reiniciar procesos migratorios detenidos por la pandemia
El gobierno federal estudia la manera de reiniciar lo antes posible la totalidad de procesos migratorios detenidos por la pandemia del coronavirus. Pero necesita revisar el debido proceso y encontrar alternativas que no violen la ley.
Una de las dificultades se centra en las entrevistas. Históricamente, las regulaciones dictan que deben llevarse a cabo en persona, pero la actual emergencia de salud pública, inimaginable en otros tiempos, ha cambiado los escenarios y el migratorio no es la excepción.
“No me sorprendería si los procesos migratorios entran en una era virtual”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La pandemia está obligando al gobierno a buscar formas electrónicas de continuar con los procesos y al mismo tiempo proteger a sus empleados y al publico”, agregó.
Los cierres
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que encabeza las agencias que participan en el proceso migratorio, publicó en el Registro Federal una regla donde anuncia revisión de los procedimientos para destrabar los casos.
A partir de la tercera semana de marzo varias agencias y dependencias del gobierno entraron en cuarentena y dejaron de cursar expedientes, suspendieron entrevistas, postergaron procesos y detuvieron trabajos para ayudar en la batalla por contener el coronavirus.
Entre las agencias impactadas por las medidas de seguridad de salud pública se encuentran la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), tribunales de inmigración, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) e incluso la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del gobierno.
Las sugerencias
El documento del DHS sugiere que las entrevistas o apelaciones, por ejemplo, se hagan en línea mientras estén vigentes las recomendaciones de seguridad adoptadas por la pandemia. Para que esto ocurra, indica, se debe “aceptar” que esta parte del proceso “se lleve a cabo por otros medios”.
La oficina del abogado general del DHS, en este momento, no acepta esta parte del proceso “por otros medios”, precisa ewl DHS, pero insiste en que debido a la cuarentena en la que se encuentra el país, hay que aprobar cambios para seguir adelante y descongestionar los casos.
Entre otros medios alternativos para avanzar en los procesos, se contempla el uso del teléfono o las videoconferencias, un sistema que desde hace algún tiempo vienen implementando los tribunales de inmigración para procesar casos de la frontera con México.
Papel clave
Guerrero dice que la tecnología “jugará un papel importante para proteger las vidas de empleados y del público”, pero que “también todo dependerá de la manera en cómo utilicemos este recurso”.
“A veces la tecnología no es perfecta, borra mensajes, cancela citas, desaparecen aplicaciones y se pone en riesgo a nuestros clientes. Si se implementa, ayudará, sin duda, pero debe ser verificado permanentemente para evitar injusticias”, apuntó.
A la pregunta si la tecnología sin contacto humano perjudicará casos difíciles, como por ejemplo asilo o juicios de deportación, donde el lenguaje corporal es determinante, Guerrero dijo que “espero lo resuelvan. Y en caso de que se necesite acudir a un tribunal, espero que el gobierno arregle todo para proteger no solo a sus empleados, sino al procesado, al abogado y al público”.
Atasco histórico
Hasta principios de marzo las cortes de inmigración tenían acumulados más de 1.2 millones de expedientes, mientras que en las cárceles de ICE había entre 32,000 y 35,000 inmigrantes, la mayoría de ellos solicitantes de asilo.
En la USCIS, por su parte, la agencia tiene cientos de miles de casos de casos de ciudadanía, ajustes de estatus, peticiones de visas y otra larga lista de beneficios en los que se necesita acudir a una entrevista o hacer una toma de huellas digitales.
Los procesos de atención al público se encuentran suspendidos temporalmente hasta mayo, dependiendo del control que el gobierno tenga de la pandemia.
El DHS asegura en la regla que los cambios de procedimientos que lleve a cabo para reiniciar procesos “no impondrán ningún costo adicional en el público”.
