La ciudad de Dallas se encuentra en una encrucijada legal y política definitiva. Tras un ultimátum del gobierno estatal de Texas, el Ayuntamiento y el Departamento de Policía de Dallas deben decidir hoy si modifican sus políticas internas para permitir una cooperación más estrecha con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha encendido las alarmas en la comunidad inmigrante luego de que se informó que iniciará una revisión caso por caso de las residencias permanentes y otros beneficios migratorios otorgados durante la administración Biden. Para miles de familias que obtuvieron su estatus legal en los últimos años, el anuncio genera preguntas sobre si es posible perder la residencia una vez que fue otorgada.

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La falta de trabajadores en Texas se refleja en la baja de ingresos de los negocios. Operadores de establecimientos de comida en el estado afirman que el aumento de los costos y la escasez de la mano de obra, en algunos casos por la estrategia migratoria de la administración Trump, han tenido un impacto en sus negocios. Ante esta situación, emprendieron una coalición con la que buscan pedir al gobierno federal la creación de permisos de trabajo para inmigrantes elegibles.

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Una crisis política derivada de la renuncia del gobernador Claudio Castro, señalado por presunta corrupción, dejó al estado de Rio de Janeiro, el segundo más poblado de Brasil y pilar económico del gigante suramericano, bajo el gobierno del tercero en la línea de sucesión por ausencias o renuncias de quienes lo antecedían en el escalafón.

El Foro de Candidatos a la Gobernación 2026 celebrado recientemente en Monterey consolidó a la economía y la inmigración como los temas que definirán la elección primaria de junio. En un estado donde el costo de vida se ha vuelto el principal motivo de éxodo, los aspirantes demócratas y republicanos midieron fuerzas bajo la presión de un electorado que exige soluciones inmediatas.

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Millones de indocumentados dejan de presentar su declaración de impuestos este 2026 tras confirmarse que el IRS comparte información confidencial con las autoridades migratorias como ICE. El miedo a la deportación provoca una caída histórica en el uso del número ITIN, lo que podría costar al gobierno más de 400 mil millones de dólares en años. A pesar de que este grupo aporta 37 mil millones anuales a la economía, la nueva política de intercambio de datos frena su contribución fiscal.

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