Pese a que aseguran que lo que brinda el gobierno es poco, tienen claro que si dejan de recibir estas ayudas se verían en dificultades. De igual manera, los trabajadores que se dedican al cuidado de estas personas también hacen un llamado para que se reformule el presupuesto planteado por el gobernador, en donde se eliminaría cientos de millones de dólares destinados a estos programas de salud.

El senado decidió que se destinarán 400 millones de dólares durante los próximos dos años. La legislatura aceptó la creación de este tipo de instituciones en 1995 e incrementó su número en 2013 con 300 planteles funcionando.

Autoridades en esta materia anunciaron que los créditos de individuos cuyas casas aún no hayan pasado las inspecciones de seguridad podrían ser anulados debido a la falta de fondos federales.

Funcionarios de Santa Clara aseguraron que, gracias a la decisión del juez de San Francisco, los ingresos recibidos se podrán ser utilizados en importantes programas para la ciudadanía.

El juez federal de California William H. Orrick ordenó la suspensión temporal del retiro de los fondos federales a ciudades santuario. Esta decisión se mantendrá vigente hasta que la corte responda una demanda presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara.

El magistrado determinó que esa amenaza podría ser inconstitucional al considerar que el presidente no tiene la competencia de determinar cómo se reparten el gasto federal. La decisión estará vigente hasta que la corte tome una decisión permanente al respecto.