Ante la posibilidad de que la propagación del coronavirus afecte la economía local y provoque el cierre de negocios, el alcalde Sam Liccardo propuso una enmienda para proteger a los inquilinos que enfrenten pérdida de ingresos y se les dificulte pagar su alquiler.

Luego de sufrir un accidente laboral que le ha impedido trabajar, este padre de siete hijos asegura que el dueño de la casa, para quien también trabaja, lo amenazó por no pagar la renta.

Este grupo cuenta con cuatro oficinas en las que los inquilinos tendrán acceso a acompañamiento, información, asesoría de expertos y representación legal en caso de estar a punto de quedarse sin un hogar.

Daniel J. Bramzon, director ejecutivo y fundador de BASTA Universal, explica que el programa que ofrecen permite a los inquilinos obtener servicios de emergencia a través de abogados designados, que los apoyan en las cortes del condado para enfrentar un posible desalojo.

Los predios en los que están ubicadas estas viviendas pertenecen a la ciudad, sin embargo, sus residentes han pagado por más de diez años un alquiler. Los vecinos dicen que están preocupados porque se enteraron de que los funcionarios quieren vender los terrenos. Sin embargo, el alcalde Ali Saleh desmiente esta información.

José Eduardo Peña, de 89 años, cuenta que él y su esposa, quien ya falleció, compraron la propiedad en Hialeah Gardens en el año 2000, sin embargo, quedó a nombre de su sobrino porque ellos no tenían el puntaje requerido para hacer el préstamo del dinero que les faltaba y que él se ofreció ayudarlos. "Ahora él me quiere quitar la vivienda", dice Peña.