Una directiva del jefe de la unidad de operativos de ICE parece estar impulsando acciones más duras que las que el gobierno de Trump había prometido públicamente.

Al menos dos personas han pasado o han estado a punto de llegar a la notoria prisión en Rikers Island para evitar a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el camino a su deportación. La situación pone de relieve la problemática de agentes de ICE presentándose en cortes de la ciudad y el estado de Nueva York para detener a inmigrantes.

El hombre residía hace 14 años en el estado de Kentucky, fue arrestado por la policía, entregado a inmigración y devuelto a Ecuador. Ante las modificaciones en las políticas migratorias de Trump, se estima que para el final del 2017 al menos 1,000 ecuatorianos más sean enviados su país.

El alcalde de la ciudad, Pete Sáenz, quien votó por Donald Trump y lo recibió en julio del 2015 durante la campaña presidencial, se opone a que su gobierno se una a la demanda contra la ley SB4 por temor a posibles recortes federales. El Concejo Municipal votará sobre apoyar o no la medida este lunes 10 de julio.

Abogados han puesto a sus clientes en la prisión para protegerlos de que sean repatriados, porque debido a leyes locales los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden ingresar al lugar. Ángela Fernandez, representante de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes de Alto Manhattan, manifiesta que en el penal hay problemas con la violencia.

While President Donald Trump allocates more resources to increase deportations in the United States, the majority of undocumented immigrants face judicial proceedings without legal representation. This increases the chances that some type of injustice will occur. In some courts, six out of 10 immigrants have no legal representation.