Según la abogada Vanesa R. Alonso, el caso de la familia haitiana que es mantenida en un hotel por ICE es uno de los miles de deportaciones exprés que ha ordenado la presente administración aprovechando la situación de la pandemia.

El aumento de casos de covid-19 en la mayoría de los estados también se refleja en los centros de detención de ICE. Hasta ahora más del 23% de las pruebas realizadas en estos centros han resultado positivas mientras abogados y activistas temen que los contagios aumenten.

La batalla por la desaparición del sindicato de jueces de inmigración comenzó en agosto del año pasado, cuando el Departamento de Justicia pidió a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que descertifique a la Asociación.

La jueza Dolly Gee fijó plazo al gobierno para hacer que se respete el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de mejores de edad en cárceles federales. La medida también busca protegerlos del covid-19.

La decisión que amplía las facultades de expulsión de indocumentados, es una importante victoria de la administración de cara a las elecciones. ICE podrá ampliar la brecha de 100 millas para expulsiones de ilegales sin precisar autorización de un juez.

La agencia federal que procesa ciudadanías, tarjetas verdes y visas se queda sin dinero y le pide fondos al Congreso para no tener que suspender a más de 13,000 trabajadores, el 70% de su plantilla.