Dachel Caballero, cubano con un I-220B, llegó hasta inmigración en Miramar para cumplir su cita en corte, pero al intentar ingresar al edificio le confirmaron que debe regresar hasta 2024. Sin embargo, previo a esto, vivió momentos de angustia ya que temía que su futuro iba a estar lejos de Estados Unidos ante una posible deportación.

El grupo de derechos civiles advierte que entre las políticas más controvertidas y dañinas de la nueva ley migratoria de Florida (H.R., 1718 y S.B. 1718) está la criminalización de las personas, tanto ciudadanos como extranjeros, que viajan al estado con migrantes y/o solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Un nuevo plan fronterizo anunciado el martes en la noche revela que el gobierno de López Obrador se compromete a recibir a inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean deportados tras el retiro del Título 42 y no tengan una causa legal de asilo en Estados Unidos.

La ley de inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados. Estos son los detalles de la norma.

Francy Pérez, quien poseía un documento de I-220B, se presentó en corte en el centro de ICE en Miramar y allí fue arrestado. La situación generó protestas y prendió las alarmas entre quienes están en una situación migratoria similar, ya que sienten están más cerca que nunca de una deportación.

Después de que 123 cubanos fueran deportados a su país natal el pasado 24 de abril, otros ciudadanos de la isla temen sufrir el mismo destino. Es el caso de Adsel Caballero, un migrante, con un hijo de 7 meses, que tendrá que presentarse este miércoles, 2 de mayo, al centro de procesamiento de Miramar, en el que su compatriota Francy Pérez se encuentra detenido tras acudir a una cita migratoria.