En la demanda contra la agencia de Inmigración, la familia asegura que los agentes les apuntaron con un arma delante de menores. En la vivienda donde ocurrió el hecho se encontraban cuatro ciudadanos estadounidenses y cuatro dreamers.

El alguacil, Tom Dart, es acusado en esta ocasión por presuntamente realizar despidos injustificados. 17 comandantes despedidos también aseguran que el alguacil supuestamente les da preferencia a sus aliados políticos al hacer nombramientos para posiciones administrativas. La oficina de Dart se pronunció a través de un comunicado y rechazó dichos señalamientos.

Unos 17 uniformados del Departamento de Correccionales, que cuentan con varios años de servicio, alegan que fueron víctimas de un despido injustificado luego de que intentaran sindicalizarse.

La Unión Norteamericana de Libertades Civiles acusó a la oficina de El Paso de retener indocumentados de manera intencional luego de que estos cumplieran sus condenas para entregarlos a autoridades migratorias.

La demanda está basada en que presuntamente el alguacil, Tom Dart, no libera a los presos en el tiempo que corresponde. Una ley aprobada en 2017 establece que las personas detenidas por crímenes que no son violentos pueden permanecer en libertad hasta el día de su juicio, si el juez de la causa así lo decide. Según la demanda, los puntos establecidos por la ley no son seguidos por la oficina del alguacil.

La juez federal que atiende el caso indicó que la decisión sobre la libertad de estos abuelos acusados de secuestro se tomará en los próximos días una vez tenga acceso a documentos sobre sus finanzas. En la audiencia la defensa argumentó violencia en contra de la madre y también aseguró que el padre del menor de edad recibió tratamiento por su adicción al sexo.