Nohemí González murió tras recibí un disparo en el corazón en medio de los atentados terroristas que se registraron en París, Francia, en 2015. Sus familiares, mexicanos que viven en Arizona, culpan a YouTube por su muerte asegurando que videos publicados en la plataforma ayudaron a que más personas se sumaran al Estado Islámico, responsables del ataque. Sin embargo, Google dice que no es culpable y una ley de 1996 lo protege de ser demandado por contenido publicado por sus usuarios. Más noticias en Univision.

La Corte Suprema dio la razón a Google y Twitter en un caso de responsabilidad por contenidos relacionados con terrorismo. El fallo evita dar la razón a familias de víctimas de ataques de ISIS que señalaban a estas compañías de no hacer lo posible para detener ataques que se habrían alimentado en las plataformas. “Antes de republicar algo usted tiene la responsabilidad de reconocer si se trata o no de una fuente confiable, la tarea la debemos hacer usted y yo”, opinó Vélez. Puedes ver en ViX más contenido gratis.

El fallo dio la razón a la fotógrafa Lynn Goldsmith y rechazó los argumentos presentados por la Fundación Andy Warhol, que aseguraban que su obra era suficientemente transformadora como para no generar problemas de derechos de autor. Los jueces del Supremo, de mayoría conservadora, fallaron en esta dirección por 7 votos frente a 2.

Los tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, nominados por presidentes republicanos, tienen entre sus antecedentes decisiones que han eliminado derechos reproductivos a las mujeres en EEUU.

La inmigrante transgénero guatemalteca León Santos-Zacaria fue violada a los 12 años por un vecino por “ser homosexual”. Tras pedir asilo en Estados Unidos un juez le negó la solicitud y recibio una orden de deportación. La mujer alega que, en caso de ser deportada a su país, es probable que sufra persecuciones por su identidad de género.

El gobierno de Florida amplía de nuevo el alcance de la pena capital en el estado después de que en marzo promulgó una ley que elimina el requisito de unanimidad en el jurado para acordar sentencias de pena de muerte, pero esta vez se duda de la constitucionalidad de la medida.