El tiempo para hacerse contar se agota y es por esto que activistas y líderes locales advierten que no hacer parte de este proceso puede provocar afectaciones en los presupuestos, los programas de vivienda, de educación y salud. Según las autoridades, en Miami solo el 52% ha llenado el formulario de registro, mientras que en Hialeah lo ha hecho el 68%.

"Tengo dos hijos, mi esposa y hay que pagar la renta", cuenta Ginno Narrugo, un jornalero que paga $1,200 de alquiler en Nueva York y lucha día a día para buscar trabajo. Cerca de 27,000 restaurantes fueron autorizados para reabrir, pero solo a un 25% de capacidad, por lo que los meseros aseguran que sus propinas han bajado en un 75% y se estima que unos 150,000 de ellos continúan sin empleo. Más información aquí.

La aerolínea United ya ofrece este servicio a quienes viajen de San Francisco a Honolulu, Hawaii, y los resultados se demoran aproximadamente 15 minutos. En Dallas, Texas, American Airlines comenzó un programa piloto para quienes se movilizan a Hawaii y Costa Rica, mientras que en el aeropuerto de Tampa, Florida, se ofrecen test a los pasajeros que llegan o salen de la terminal aérea sin importar a dónde van. Más información aquí.

"Sé lo decepcionante que es para todos, especialmente para nuestros hijos, pero este Halloween tiene que ser diferente para proteger a las familias", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Por su parte, el doctor Anthony Fauci señaló que, durante la cena de Acción de Gracias y teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus, cada quien debe decidir sobre los riesgos que puede implicar invitar a otras personas a sus hogares. Más información aquí.

La preocupación embarga a decenas de familias del condado ante el reporte de varios casos de infección en los planteles y los cierres temporales de los mismos. Expertos afirman que muchos padres no saben qué hacer, ya que el temor de enviar a los pequeños a clases presenciales está latente y el dejarlos en casa no les parece la mejor opción.

Según un artículo del Texas Tribune, a recomendación de la oficina del gobernador se cambió una sección del código de los examinadores de trabajos sociales, lo que permitiría negar servicios a personas LGBTQ y discapacitados. Activistas señalan que estas son “iniciativas de odio” impulsadas por el gobierno federal.