Esta semana el gobierno de Donald Trump deberá anunciar si prorroga o cancela el programa, que otorga un amparo de deportación y un permiso temporal de trabajo a unos 56,000 indocumentados de ese país centroamericano.

A unos metros del puerto fronterizo de El Chaparral en Tijuana, se encuentra ubicado este grupo que espera ser atendidos, al igual que los integrantes de la caravana de centroamericanos.

El abogado de inmigración Raed González explicó que la ley de asilo protege a aquellos que entran a EEUU como refugiados debido a que el gobierno en sus países de origen no los pueden proteger porque han sido perseguidos por motivos de raza, religión, política, nacionalidad o porque pertenecen a un grupo social en particular.

Pedir asilo es un derecho que tiene toda persona que llega a la frontera de EEUU, como el caso de la caravana de migrantes. Pero, el hecho de pedirlo argumentando persecución o tortura “no quiere decir que se le permita permanecer, o que la persona no pueda ser deportada”.

La abogada Miriam Núñez, de la organización Carecen, dijo que los cuatro adultos y cuatro niños que consiguieron ser aceptados en los puestos de control migratorio son personas refugiadas, cuyas razones para solicitar el asilo varían entre violencia doméstica y acoso sexual, entre otras.

Abogados advierten a los integrantes de la caravana que llegaron a la frontera de Tijuana y no tienen causa de asilo que pueden convertirse en una prioridad de deportación si fracasan en la entrevista de 'miedo creíble'.